Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa hicieron un llamado al Gobierno de México para agilizar la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Durante el informe a seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, María Martínez Zeferino, en representación de las familias de los estudiantes desaparecidos, expresó que la lucha se mantiene y solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su compromiso de la búsqueda de la verdad sobre la desaparición.
Yo sé que está en la mejor disponibilidad y se le agradece, pero sí pedirle que apriete un poco más, nosotros queríamos llegar con algo más, ya seis años y no tenemos nada. Nos dolió que el año pasado salieron varias personas libres y nos da coraje ver que los detiene y están encerrados sin decir algo”.
Asimismo, declaró que los familiares exigen sus derechos y agregó “así como depositamos nuestra confianza en usted, le pido que no nos defraude. Los mexicanos necesitamos tener a alguien que nos ayude, porque hemos estado viendo que en vez de que vengan a proteger a sus mexicanos los desaparecen y matan, y no es posible que los delincuentes sean más poderosos que usted, señor Presidente”, declaró.
Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz, aseguró que el gobierno anterior encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto, encubrió, mintió y realizó falsas diligencias sobre el caso.
Trataron de ocultar con impunidad y escándalos mediáticos, una trama que se ha logrado exhibir con crudeza, los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses en las fuerzas de narcotráfico”, dijo Gertz Manero.
También, indicó que de manera simultánea con la desaparición de los normalistas ocurrió la masacre de alrededor 80 personas por parte de grupos delictivos entre la lucha de criminales y encubridores burocráticos, y no se le dio seguimiento a los hechos.
“Las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento a través del sistema de comunicación C4 que debió registrar lo que estaba ocurriendo lo cual permitía identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a los centros de justicia y otros lugares en donde comenzó la tortura y posteriormente su entrega a los grupos delincuenciales. Ahora en la investigación resulta que las cámaras dejaron de funcionar parcialmente y los radios se apagaron”.
Ante ello, el fiscal general aseguró que dichas responsabilidades no quedarán impunes y se investigarán hasta las últimas consecuencias.
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