Durante 2016 y 2019, México ha actuado poco o nada contra la corrupción internacional, pues durante este periodo no ha sancionado ningún caso por cohecho internacional, señalaron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana a través del informe “Exportando Corrupción 2020”.
Al analizar las investigaciones y sanciones de los gobiernos de 47 países en casos de cohecho transnacional como el de Odebrecht, se dijo que casi tres cuartas partes de los países (34 de los 47 estudiados) actúan poco o nada en casos de cohecho internacional; México es uno de ellos.
En el caso de nuestro país, el reporte plasma que de acuerdo con información pública disponible en fuentes oficiales, como la Fiscalía General de la República, México inició sólo tres investigaciones en el periodo del reporte (2016-2019), las cuales no se han presentado ante el poder judicial y en consecuencia no se ha identificado la presunta responsabilidad o sancionado a los posibles responsables.
Tampoco se han recuperado los activos desviados o fruto de estos posibles ilícitos.
Asimismo, se advierte que hay poca información pública disponible sobre las investigaciones, aparte de las que se refieren a hechos ocurridos en España y Guatemala. Aunque una de estas investigaciones aún está en curso.
El informe añade que las cifras publicadas por las autoridades mexicanas contrastan con lo informado por otros países, por ejemplo, las de Estados Unidos, quienes reportan cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a servidores públicos mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero.
Los cuatro casos fueron sancionados en Estados Unidos, pero no se investigaron o sancionaron en México. Derivado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recuperaron más de mil millones de dólares por las sanciones impuestas a las empresas que operaron indebidamente en México y otros países.
Entre los casos sancionados en Estados Unidos, se destaca la investigación contra la empresa constructora CEMEX, la cual fue señalada por el Departamento de Justicia en 2016, por presunto irregularidades presuntamente cometidas por sus empleados en relación con la construcción de una Planta en Colombia.
Ello debido al pago irregular de más de 20 millones de dólares a terceros para adquirir tierras, derechos mineros y los beneficios de una zona franca.
Sin embargo, en México no existe información pública sobre si se ha iniciado una investigación en el país contra CEMEX.
Asimismo, en 2015, el Gobierno de España inició una investigación sobre presuntos actos de corrupción y sobornos en el extranjero relacionados con Grupo México, una empresa minera. Cinco años más tarde, no se han tomado medidas conocidas en México.
En tanto, pese a no contar con acciones penales o sanciones contra la corrupción internacional, el documento reconoce algunos avances en nuestro país, como otorgar autonomía constitucional a la fiscal general de la República en diciembre de 2018, sin embargo, subrayó que el proceso de nombramiento para el primer fiscal general fue muy cuestionado.
Además, resaltaron la aprobación, en octubre de 2018, de un protocolo para combatir el soborno en el extranjero, adoptado por la administración pública y la Fiscalía General, el cual busca establecer principios, estándares de desempeño y recomendaciones para orientar a las autoridades responsables en el combate a la corrupción en el soborno extranjero.
Aunque, lamentaron que desde el cambio de gobierno, en diciembre de 2018, no hay más información pública sobre la implementación de este protocolo.
Otros de los avances señalados, fue el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción en marzo de 2019, año en el cual inició 773 investigaciones sobre corrupción, pero sólo cinco fueron presentadas a un juez, mientras que el Informe anual del Fiscal no menciona cualquier investigación de soborno en el extranjero.
El informe señala insuficiencias en el marco legal para combatir la corrupción internacional, pues, después de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que trabaja para luchar contra este delito a nivel penal y administrativo, “las autoridades encargadas de señalar y sancionar los delitos de corrupción, incluidos los sobornos en el extranjero, no han mostrado resultados concretos. Argumentando que se necesitan reformas adicionales para crear un marco legal más eficiente”, plasma el documento.
Sin embargo, las organizaciones consideran que el marco legal actual es suficiente para iniciar investigaciones y enjuiciar los casos que podrían conducir a sanciones. Mientras que el Fiscal anticorrupción ha señalado la necesidad de reforma varias leyes, para obtener jurisdicción en una serie de casos de lavado de dinero, para aumentar sanciones para las empresas involucradas en grandes casos de corrupción, para desarrollar el uso de la tecnología y una mayor vigilancia en las investigaciones, y definir mejor el estándar de cumplimiento requerido a las empresas.
Finalmente, el informe advierte deficiencias en el sistema de ejecución para sancionar la corrupción trasnacional, pues faltan recursos, formación y creación de capacidad para los esfuerzos de fiscales y jueces, además de que se observó la obstaculización de investigaciones y enjuiciamiento sobre casos de sobornos en el extranjero y casos de lavado de dinero, que generalmente involucran estructuras corporativas complejas.
“Pese al compromiso público asumido por la Administración Federal 2018-2024 y a las reformas constitucionales y legales aprobadas en México en los últimos años, es necesario que los casos identificados sean investigados y sancionados, los recursos ilegales confiscados y el daño a las víctimas reparado de manera apropiada. Estos casos deben incluir los dos tipos de cohecho internacional: los actos de corrupción de empresas extranjeras ocurridos en México o que involucran a servidores públicos mexicanos, y los actos de corrupción que involucran a empresas mexicanas ocurridos en el extranjero”, recomendaron las organizaciones.
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