La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que armoniza distintas leyes con el artículo 19 de la Constitución para la aplicación de prisión preventiva oficiosa en el robo de hidrocarburos, feminicidios, delitos sexuales contra menores de edad y uso de programas sociales con fines electorales.
Asimismo, el dictamen plantea incorporar al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ameritan prisión preventiva oficiosa el robo de casa habitación, delitos de enriquecimiento ilícito, robo al transporte de carga, delitos en materia de desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
El asunto fue aprobado en lo general con 266 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, mientras que en lo particular se avaló con 258 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones.
Para presentar la postura de Morena, la diputada Claudia Pérez aseguró que la prisión preventiva de oficio debe aplicarse para la preservación del proceso judicial, al considerar que los delitos afectan a bienes jurídicos de las personas y de toda la sociedad.
En tanto, el PAN consideró grave abrir la puerta a la prisión preventiva oficiosa al señalar que no se desarrollan las capacidades para la persecución efectiva de los delitos y acusó a Morena de usar la reforma de manera “alevosa” para alterar temas diversos a la discusión central y de manipular el proceso legislativo.
“De manera indebida se pretende engrosar la lista aprobada por este mismo Congreso, creando todavía nuevos equipos penales, modificando otros e incrementando penas en una suerte mal lograda de miscelánea penal. Esta modificación unilateral del Senado representa un fraude a la ley”, manifestó la legisladora panista, Pilar Ortega.
La reserva aprobada por el pleno fue la propuesta de la morenista Martha Ramírez para suprimir el quinto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establecía que también se considerarían para prisión preventiva oficiosa, los delitos cometidos con medios violentos que utilicen objetos que tengan la apariencia o configuración de un arma de fuego. Con cambios, se regresó al Senado la minuta.
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