Estudio de “México Evalúa” reveló que persiste la desconfianza ciudadana en jueces, policías, ministerios públicos y otros operadores del sistema
A más de cuatro años del inicio de operación del sistema de justicia penal acusatorio, persiste la desconfianza ciudadana en jueces, policías, ministerios públicos y otros operadores del sistema, porque prácticamente no hay investigación de los delitos, imposición de castigos penales ni sentencias condenatorias o reparación del daño, concluyó un estudio de la organización México Evalúa.
El informe “Hallazgos 2019: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal”, elaborado por la ONG, resaltó que el año pasado se cometieron en México —según las cifras oficiales— 2 millones 38 mil 951 delitos del fuero común, como robo, lesiones y violencia familiar. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra real superaría los 33 millones de delitos.
“Si se observa este indicador en los últimos nueve años, encontramos que la cifra negra se ha mantenido por encima del 91% en México”, resaltó el informe.
En esta edición, el Índice de Impunidad Estatal mostró una media nacional de 92.4 por ciento.
Las entidades con los niveles más altos de impunidad fueron Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%). En contraste, los niveles más bajos se registraron en Baja California (67.1%), Guanajuato (74%), Yucatán (83.8%) y Querétaro (85.2%).
Al igual que en el año anterior, 63.2% de las víctimas de delitos en todo el país declararon no haber denunciado por causas atribuibles a la autoridad, es decir, “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” o “por actitud hostil de la autoridad”.
El Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, que integra al informe, mencionó que con este modelo se mejoró el control de las detenciones llevadas a cabo por las policías y los miembros de las fuerzas de seguridad y se protegen mejor los derechos de las víctimas e imputados durante las audiencias.
Sin embargo, se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo de 900 puntos. Querétaro fue la entidad con mayor avance, seguida de Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Las entidades peor evaluadas en este rubro fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo.
A decir de México Evalúa, esta situación provoca una baja confianza ciudadana sobre los operadores del sistema de justicia: policías ministeriales o investigadores; fiscales o agentes del Ministerio Público; peritos; asesores jurídicos; jueces y defensores.
El Índice de Confianza hacia las autoridades del sistema de justicia penal, también contenido en el informe, se ubicó en -8.6 por ciento.
“La desconfianza en las autoridades representa un alto porcentaje dentro de las causas de la no denuncia (sólo superado por el de ‘pérdida de tiempo’, que indirectamente se puede asociar con el desempeño de la autoridad)”, destacó.
El informe reflejó que de un millón 937,564 carpetas de investigación iniciadas en el 2019 en las fiscalías y procuradurías estatales, 65.8% fueron enviadas al “archivo temporal”, es decir, se “guardan” en el escritorio del Ministerio Público, por lo que queda detenida cualquier actividad investigadora; en 14.8% se determinó el no ejercicio de la acción penal; en 7.2% se abstuvo de investigar; en 5.8% se declaró la incompetencia; en 3.8% se declaró criterio de oportunidad; en 0.7% se acumuló; y en 2% se dio otra resolución.
El informe resaltó el hecho de que 27.9% de las detenciones en el nivel nacional fueron calificadas como ilegales por los jueces de control; es decir, se determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales. Los estados en donde mayor número de detenciones fueron calificadas como ilegales son Oaxaca (69.2%), Estado de México (68.3%) y Baja California Sur (37.6%).
Durante 2019, del total de los asuntos en trámite o activos en el país, se emitieron sentencias en 13.2% de los casos. De éstas, 88.4% fueron condenatorias, 11.2% absolutorias y 0.4% mixtas. Los estados con mayor porcentaje de sentencias emitidas fueron Colima (30.5%), Estado de México (23.1%) y Durango (18.3%). Por su parte, los estados que emitieron menos sentencias fueron Tlaxcala (0.9%), Tabasco (1%) y Oaxaca (1.2%).
Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, expresó: “No hay duda de que el sistema de justicia requiere de una mejora en la operación”.
La ONG recomendó que en las iniciativas de reformas penales que se planteen se debe fomentar la coordinación interinstitucional; se deben basar en evidencia empírica; mantener en el centro del proceso a víctimas e imputados y no desproteger sus derechos; así como apuntalar la transparencia y evitar retrocesos.
