El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Energía esperarán las resoluciones judiciales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la política de confiabilidad del sistema eléctrico ya que, de ser ordenada su cancelación ya sea a través de los amparos de la industria o de la controversia de constitucionalidad que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se propondrá entonces al legislativo la iniciativa correspondiente para una reforma constitucional del sector eléctrico.
Rocío Nahle, titular de Energía, explicó en comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado que los legisladores estadounidenses están en pleno uso de sus facultades al respaldar a las empresas de ese país mediante la misiva que enviaron al presidente Donald Trump la semana pasada, en que denunciaron que el gobierno mexicano obstruye la expansión de los negocios de esas empresas en México y afecta potenciales inversiones y el tratado de libre comercio en el país.
Sin embargo, reiteró que la política energética que hoy se implementa en el país ha cambiado y busca ante todo fortalecer la soberanía y seguridad nacional, así como fortalecer a las empresas del Estado, que son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los legisladores estadounidenses “están en su papel, haciendo una carta para defender a sus empresas, con el debido respeto los legisladores de aquí deberíamos estar haciendo lo mismo para defender a las nuestras”, expresó, “estamos trabajando con un claro cambio en la política energética para rendirle cuentas a los mexicanos respecto a lo que votaron”.
Por ello se ha dado la postergación del otorgamiento de permisos para generación eléctrica y no se han ejecutado nuevas subastas para adquisición de largo plazo, porque es necesario ordenar el sector tras el desbalance que existía, ya que al llegar la presente administración se habían otorgado 132 mil megawatts en permisos para generación de electricidad, cuando la demanda máxima del país ha sido de 47 mil megawatts.
Y en lo que respecta a renovables, se ha cuidado que tengan respaldo. Los amparos promovidos por la industria son por la actualización de una tarifa de porteo que no se actualizaba desde hace 10 años para 284 contratos legados que causaron al erario daños por 22,800 millones de pesos solo en los últimos tres años por la falta de un pago adecuado de porteo a la red de la CFE.
Además, quedaron 200 permisos de autoabasto que han provocado un mercado paralelo energético entre las empresas que aprovecharon este vacío legal al inscribir a más de 70 mil socios en estos proyectos con participación de un dólar a cambio de recibir la energía sin pagar la transmisión, causando otro daño de más de 200 mil millones de pesos a la CFE en la última década.
La titular de Energía aseguró que el país llegará al 2024 con una generación de 35% de energía limpia, como lo determinan la Ley de Transición Energética y el compromiso internacional realizado en el Acuerdo de París.
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