La promesa de la nueva justicia laboral, modelo que se implementará en México a partir de esta semana, es reducir la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones de un promedio actual de 4 años a un máximo de 8 meses, considerando la ruta larga de una etapa obligatoria de conciliación y un juicio ante un tribunal independiente.
En el marco del evento oficial en Palacio Nacional para dar inicio a las operaciones de la primera fase del modelo en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, destacó que con el nuevo modelo se privilegiará la conciliación entre las partes, con la meta de resolver la mayoría de las demandas en un periodo de 45 días, sin que se tenga que llegar a un juicio.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas de la primera fase dejaron de recibir demandas laborales desde este miércoles, ahora los conflictos se resolverán, en primera instancia en los Centros de Conciliación y, en caso de no obtener solución por esta vía, se iniciará un juicio en un tribunal laboral.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y sus oficinas estatales, los centros de conciliación locales y los tribunales federales y locales, son las nuevas autoridades que se encargarán de hacer posible la nueva justicia laboral, con una apuesta importante en la conciliación. El mecanismo operará en todo el territorio en el 2022, cuando se implemente la tercera y última fase.
El nuevo proceso de solución contempla dos etapas: prejudicial y judicial.
Durante la etapa prejudicial —dependiendo la rama industrial del empleador— los trabajadores deberán acudir al CFRCL o a los centros de conciliación locales para resolver el conflicto a través del diálogo, sin exceder los 45 días.
En caso de no obtener una solución, se entregará una constancia de no conciliación, con la cual se podrá iniciar un juicio en un tribunal laboral, que tendrá una duración máxima de 6 meses.
De esta manera, la solución de un conflicto entre trabajador y patrón, considerando ambas etapas del proceso, no excederá los 8 meses.
En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral estiman que se deben conciliar el 60% de los casos para evitar que los nuevos tribunales laborales se saturen de juicios, como ocurre actualmente con las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Con información de El Economista
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