La Cámara de Diputados avaló las reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la actuación de agentes extranjeros en México. Foto: Especial
La Cámara de Diputados aprobó el martes 15 de diciembre, por mayoría, la reforma propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la ley que regula la actuación de las agencias de seguridad extranjeras en México y que ha despertado críticas desde Estados Unidos.
La semana pasada, el Senado de la República del Congreso de la Unión había avalado las modificaciones por lo que ahora solo deben recibir la firma del Poder Ejecutivo y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
Los cambios, discutidos en la última sesión del año de la cámara baja y vistos ampliamente como una represalia contra Estados Unidos, llegan a un mes de la detención en Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en una operación inconsulta que tensó la relación entre ambos países.
Los artículos agregados a la vigente Ley de Seguridad Nacional plantean, entre otras cosas, que las actividades de los agentes extranjeros se limitarán “a servir de enlace” para el intercambio de información con autoridades mexicanas.
Además, estipulan que estos deberán informar a las autoridades locales de los hallazgos realizados durante sus funciones en el país, así como mantener la confidencialidad de la información que obtengan.
También, eliminan cualquier inmunidad en caso de que los agentes foráneos cometan actos ilícitos en México y se propuso la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, encargado de atención y gestión de los convenios de cooperación.
“Se busca regular las actividades que desarrollan los agentes de naciones extranjeras en México, a fin de proteger nuestra soberanía”, dijo la diputada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Guille Alvarado. La propuesta recibió 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aseguró la semana pasada que se oponía a la legislación propuesta, argumentando que dificultaría la cooperación bilateral y beneficiaría a las organizaciones criminales.
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