La pandemia hizo que la deuda de los gobiernos estatales se incrementara 1.3%. Foto: Especial
Los efectos del COVID-19 en las finanzas públicas estatales, principalmente en liquidez, provocaron que la deuda de los gobiernos subnacionales incrementara al cierre de septiembre de este año.
Sin embargo, más de la mitad de los financiamientos contratados se destinó a inversión pública productiva, señal de que las entidades apuestan por erogar recursos para generar, directa o indirectamente, un beneficio social.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública de las administraciones estatales, más sus entes públicos, ascendió a un saldo de 560 mil 882 millones de pesos al finalizar el tercer trimestre, que significó un aumento anual de 1.3 por ciento en términos reales, tras tres caídas consecutivas de este indicador.
Estas disminuciones al hilo corresponden a la entrada de la Ley de Disciplina Financiera –candados en la adquisición de deuda–, aprobada en el 2016 (año que comenzó a bajar las obligaciones financieras).
Por entidad, 15 registraron aumentos anuales en sus financiamientos, destacando Yucatán (33.7 por ciento anual) y Jalisco (26.8 por ciento).
Se observa que Yucatán contrató deuda para refinanciamiento y cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, mientras Jalisco, para inversión pública productiva.
Al otro extremo, resalta que la disminución más pronunciada en obligaciones financieras fue para el gobierno de Querétaro, de 53.9 por ciento anual real, muestra de una disciplina en sus finanzas.
Por monto, el podio lo componen Ciudad de México (84 mil 201 millones de pesos al cierre de septiembre), Nuevo León (78 mil 393 millones) y Chihuahua (50 mil 508 millones). El menor saldo se dio en Querétaro (188 millones).
La pandemia mermó la capacidad financiera de los estados – dos meses de paro de actividades esenciales y confinamientos total, y posteriormente, bajos niveles de operación y capacidad –, por lo que los gobiernos locales se vieron orillados a contratar obligaciones.
Esta falta de liquidez se manifiesta en el comportamiento de los ILD, que es la suma de los ingresos propios locales, participaciones federales (acumulan a noviembre un descenso de 7.4 por ciento anual real), así como los recursos del FEIEF.
Al tercer trimestre del año, los Ingresos de Libre Disposición de 31 entidades (Tlaxcala no se contabiliza) llegaron a 967 mil 690 millones de pesos, una baja de 4.1 por ciento anual real.
Únicamente siete estados presentaron crecimientos: Colima (8.5 por ciento), Aguascalientes (6.9 por ciento), Chihuahua (5.7 por ciento), Chiapas (4.1 por ciento), Baja California (2.2 por ciento), Durango (1.5 por ciento) y Querétaro (0.3 por ciento), demostrando una mejor eficiencia recaudatoria respecto al resto del país.
Los mayores desplomes fueron en Guerrero (19.0 por ciento) y Quintana Roo (18.3 por ciento), exteriorizando que el COVID-19 golpeó con mayor fuerza a los estados de vocación turística (baja en ingresos propios, particularmente los provenientes del Impuesto sobre el Hospedaje).
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