Este lunes, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados fue anfitriona del Primer Encuentro hacia el Acuerdo a favor de los Artistas de México, realizado con la colaboración del colectivo No Vivimos del Aplauso, para el que de manera virtual se dieron cita 192 colectivos culturales de todo el país.
Este encuentro, se dijo, deberá sentar las bases para la construcción de una propuesta en la dignificación de creadores y ejecutantes que han decidido hacer de la cultura su principal trinchera y su forma de vida en temas en los que se ha hecho énfasis desde los colectivos culturales, como las prestaciones laborales y la seguridad social.
Esta serie de mesas se dividirá en cuatro bloques temáticos: sobre el análisis del contexto actual del sector artístico y cultural en México; le sigue una evaluación del contexto de emprendimiento social de los artistas, un análisis del contexto de seguridad social y, finalmente, sobre la profesionalización para los creadores.
En esta primera ronda los colectivos pusieron sobre la mesa una serie de propuestas legislativas en las que, consideraron, el Ejecutivo debe incidir.
De entrada, mencionó la abogada Lendali Baez Aranza, asesora jurídica de los colectivos, es necesario el reconocimiento textual de los trabajadores de arte y cultura en el Artículo 123 de la Constitución, de la misma manera en la que en él se enuncia a los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos como sujetos de derecho a la contratación laboral, jornadas laborales con un máximo de ocho horas, salarios mínimos, participación de utilidades, remuneración excedente por horas extras y la seguridad social, entre otros.
“En nuestro marco jurídico nacional no hay ninguna enunciación como tal en nuestra Carta Magna ni en ninguna ley secundaria sobre la condición de artista”, dijo la abogada. “Es importante mencionar que los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores de la cultura están tan precarizados que inclusive la mayoría no cuenta con contratos de trabajo. Es muy amplia la gama de los trabajadores de arte y cultura en nuestro país por reconocer”. Por lo anterior, mencionó, es preciso basar estos criterios en las recomendaciones relativas a la condición de artista emitidas en 1980 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
A partir de ello, los representantes de los colectivos hicieron hincapié en que la Ley Federal del Trabajo en su Capítulo XI, “Trabajadores actores y músicos”, acota el trabajo artístico a solamente a los trabajadores de la actuación y de la música y deja fuera a gran parte de la cadena de valor humana de arte y cultura.
Por ello el intercolectivo anticipó una serie de 12 propuestas legislativas para la modificación de la Ley Federal del Trabajo, como el contrato por obra determinada, la inclusión de los creadores en cuestión en la tabla de salarios mínimos generales y profesionales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el reconocimiento de enfermedades profesionales, una regulación fiscal, derechos a la representación sindical, protección a los derechos de maternidad, entre otros, todos listados en los datos anexos a esta nota.
“Insistimos nuevamente en la necesidad de un censo nacional cuyo objetivo sea identificar esta diversidad laboral de las y los trabajadores de arte y cultura en México. Que realmente se cree un instrumento metodológico para el conocimiento y reconocimiento de la cadena de valor que aún no se visibiliza en el gremio”, mencionó la asesora legal.
La diputada Lorena Villavicencio, integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía y de Derechos Humanos, se comprometió a impulsar la reforma del Artículo 123 “con esta mirada y urgencia para que sean considerados como lo fueron en su momento las trabajadoras del hogar, en el mismo sentido. El tema del empleo y los derechos laborales y sociales es el gran tema del país frente a la pandemia”.
Lo mismo dijo para la Ley Federal del Trabajo, para que tanto creativos como ejecutantes de las artes y la cultura se sientan incluidos. Opinó que para tales efectos será conveniente establecer un parlamento abierto con la presencia de la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde.
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