El Senado de la República avaló este miércoles un paquete de reformas para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. El proyecto modifica 13 leyes federales para que tanto en el sector privado como el público no exista una diferencia en las remuneraciones por razón de género cuando se realice el mismo trabajo.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en el pleno cameral, con 113 votos a favor, y retoma las propuestas planteadas en 10 iniciativas de seis grupos parlamentarios. El documento fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.
De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la brecha salarial en México implica que las mujeres ganan en promedio 19% menos que sus colegas hombres por el mismo trabajo; el promedio de los países que integran esta instancia es de 13 por ciento. En el comercio esta diferencia llega a ser de hasta 33 por ciento.
Incluso, un estudio de McKinsey señala que en nuestro país la diferencia de sueldos por razón de genero se incrementa mientras más avanza la mujer en la jerarquía de una empresa, y pasa de un nivel de 8% en puestos generales hasta llegar a 22% en niveles de dirección de las organizaciones.
Con este paquete de reformas será ilegal para las empresas tolerar y perpetuar la brecha salarial por razones de género, preguntar el historial de remuneraciones de una persona al postular a una vacante y negarse a participar en un proceso de certificación de equidad en sus pagos. Las multas por estas acciones van de los 22,405 a los 448,100 pesos; es decir, entre 250 y 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, afirmó que sin igualdad salarial no puede haber justicia social. Por ello la trascendencia del proyecto como avance para obtener la equidad económica en beneficio de las mujeres.
“Es una reforma estructural para corregir vicios y deformaciones, es una reforma para alcanzar la justicia laboral y el respeto íntegro a los derechos humanos de las mujeres. De aquí en adelante prevalecerá el concepto, si así lo aprueba esta soberanía, de a trabajo igual salario igual”, subrayó el senador de Morena.
Por su parte, Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aseguró que el cierre de la brecha salarial de género es un paso importante para la igualdad laboral.
“Las mujeres hemos participado en el ámbito laboral, hemos luchado contra el techo de cristal, el techo de cemento, el suelo pegajoso y las escaleras rotas, pero estamos cansadas de ellos, las mujeres queremos y trabajamos dignamente, queremos trabajos dignos, de calidad, con igualdad salarial, con derechos sociales y libres de violencia”, expresó la senadora de Morena.
Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, consideró que las reformas son un hecho histórico porque, a pesar de que el derecho a la igualdad salarial está reconocido en la Constitución y los compromisos internacionales, no se había legislado para fortalecer y garantizar la paridad en las remuneraciones.
“En nuestro país, el 58% de las personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres y 64% de las personas trabajadoras con bajos salarios, son mujeres. Por lo que, para crear paridad en el salario, las mujeres deberían laborar meses de 35 días”, expuso la senadora del PAN.
Las reformas incorporan por primera vez en la legislación el término de brecha de género, definido como la diferencia que muestra la distancia existente entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador y como concepto empleado para reflejar existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos políticos, económicos, sociales, culturales, abarcando cuestiones como el salario y la ocupación laboral, entre otros aspectos.
Por otra parte, las acciones u omisiones que perpetúen la brecha salarial de género serán catalogadas como violencia laboral y la percepción de un salario menor por trabajo igual se considerará como violencia económica contra las mujeres, de acuerdo con los cambios planteados a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Desde preguntar el historial salarial en cualquier momento del proceso de contratación laboral hasta otorgar una percepción menor por trabajo igual en un mismo centro de trabajo, son acciones que estarán prohibidas para los patrones.
El dictamen avalado por la Cámara Alta establece la obligación para las empresas de obtener un Certificado de Igualdad Laboral y No Discriminación.
En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estará facultada para desarrollar tabuladores salariales sin distinción de género, igualdad en la promoción de ascensos laborales, horarios y condiciones generales de trabajo. Las normas relativas a la igualdad laboral —incluyendo los sueldos— serán verificadas a través de inspecciones.
El proyecto que ahora discutirán los diputados federales podría dar paso a la creación de un Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo, en el cual se publicarán los informes detallados sobre las violaciones a las regulaciones para la equidad laboral en el sector privado.
“Las personas trabajadoras podrán denunciar los actos que vulneren el principio de igualdad salarial, y la Secretaría del Trabajo las atenderá, procesará y en su caso aplicará las sanciones conforme a la presente ley”, se propone en el dictamen.
El paquete de reformas avalado por el Senado también incluye al sector público en la eliminación de la brecha salarial de género. La desigualdad en las percepciones entre mujeres y hombres estará prohibida en el gobierno federal por modificaciones en las leyes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de Trabajadores al Servicio del Estado.
Esta política pública será complementada por ajustes en las leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Remuneraciones de los Servidores Público para que las secretarías de Hacienda y de la Función Pública fijen y garanticen los criterios de igualdad en remuneraciones por trabajos de igual valor en el gobierno.
Además, la STPS estará facultada para vigilar y ejercer acciones para prevenir la discriminación salarial en el sector público, en coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
La igualdad laboral en el ámbito público alcanzará al poder judicial al establecer también como obligación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la implementación de una política de perspectiva de género, igualdad y no discriminación en todo el sector.
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