La muerte de Victoria Esperanza Salazar, migrante salvadoreña, a manos de policías de Tulum, generó rechazo e indignación por parte de organizaciones sociales y ciudadanos, tanto de México como del Salvador, al tiempo que se informó sobre la detención y destitución de los presuntos responsables.
Ayer 29 de marzo, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el hecho y expresó que Victoria “fue brutalmente tratada y asesinada y es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares a las mujeres salvadoreñas y mexicanas y del mundo, y a todos hombres y mujeres que se va a castigar a los responsables”.
Tras ello, la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo informó que después de cumplir con el protocolo médico y la práctica de la necropsia al cuerpo de Victoria, quien falleció el sábado pasado, se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que le provocó la muerte.
Mencionó que la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado, se realizó de manera desproporcionada, inmoderada, con un alto riesgo para la vida y contraria a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Por ello, la fiscalía también informó que detuvo a cuatro policías municipales de Tulum —una mujer y tres hombres— por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio. Asimismo, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez, director de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, fue destituido de su cargo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración confirmó que Victoria tenía condición de refugiada en México ya que se le autorizó su estancia en territorio nacional como residente permanente por razones humanitarias.
Organizaciones internacionales y nacionales, como ONU Mujeres y Amnistía Internacional, condenaron “profundamente” el asesinato de Victoria Esperanza.
En su cuenta oficial de Twitter, la agencia de Naciones Unidas rechazó toda forma de violencia contra las mujeres y recordó que los cuerpos policiales tienen la obligación de garantizar la seguridad de las personas, además de llamar a que, de conformidad con la ley vigente y aplicable, se investigue su muerte con perspectiva de género y se tomen las medidas correspondientes para prevenir y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres.
Mientras que Amnistía Internacional condenó el uso excesivo de la fuerza policiaca y se sumó a la indignación por la detención y uso excesivo de la fuerza que llevaron a la muerte de Victoria en Tulum. “Exigimos a las autoridades de Quintana Roo una investigación expedita, reparación del daño a la familia y garantías de no repetición”, dijo Amnistía Internacional.
Además ayer se presentaron protestas de grupos feministas en Tulum y en las instituciones de la fiscalía estatal en Chetumal para exigir justicia.
Con información de El Economista
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