Los partidos políticos nacionales y locales que habrán de contender el próximo 6 de junio en 15 de las 32 entidades federativas que conforman el país para disputar la gubernatura dispondrán, en total, de un presupuesto público que asciende a 2 mil 377 millones 857 mil 979.66 pesos.
Por ley, las fuerzas políticas nacionales no solo reciben prerrogativas otorgadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel federal, sino también financiamiento estatal suministrado por los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) que hay en México, uno en cada estado.
Los cinco estados en donde los partidos recibirán más recursos son Michoacán (326 millones 13,261 pesos); Chihuahua (259 millones 88,061), Nuevo León (224 millones 812,377), Guerrero (224 millones 409,479) y Sinaloa (196 millones 985,233).
Suman 10 las fuerzas políticas nacionales que se medirán en las urnas dentro de 63 días: PAN, PRI, PRD, PT; Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México; los tres últimos partidos obtuvieron apenas, a finales del año pasado, el registro y será la primera vez que contiendan.
En nueve de los 15 estados que elegirán gobernador, los mandatarios estatales salientes completaron su sexenio en el cargo: Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Sonora, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur, Colima y Campeche. Llegaron en 2015.
No es el caso de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, electo el 2 de junio de 2019 y postulado por Morena, quien solamente ejerció el cargo por dos años y ya lo tiene que dejar; inconforme, el morenista interpuso recursos jurisdiccionales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para intentar mantener seis años la titularidad del poder Ejecutivo pero fracasó.
Electos entre 2016 y 2017, los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral (PAN), su correligionario Antonio Echevarría, de Nayarit, y los priistas de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, Quirino Ordaz, Marco Antonio Mena y Alejandro Tello, respectivamente, tampoco ejercieron el poder por un periodo constitucional de seis años.
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