Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, los cambios en las reglas de subcontratación de personal en las instituciones del Estado no causarán un impacto presupuestal al erario federal. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) estima que al menos 500,000 personas laboran para el sector público mediante esquemas de tercerización en funciones de limpieza, seguridad, comedores y servicios de tecnología.
La Cámara de Diputados incluyó de último momento este martes en la discusión de la reforma de outsourcing cambios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para extender la prohibición de la subcontratación laboral a las dependencias públicas, no sólo a la iniciativa privada.
El CEFP realizó el análisis de impacto presupuestal de esta medida, el cual fue remitido el 30 de noviembre de 2020 al diputado Manuel Baldenebro (PES), presidente de la Comisión de Trabajo en San Lázaro. El estudio fue solicitado luego de que el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) presentara una iniciativa para prohibir la subcontratación en los entes públicos.
“La eventual aprobación de la iniciativa en comento no generaría un impacto presupuestario para el erario federal”, concluye el Centro. La reforma no implicaría “la creación de unidades administrativas o plazas adicionales”. Tampoco “programas nuevos o destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones para las dependencias federales y sus entidades coordinadas”.
Las comisiones unidas del Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados incluyeron este informe en el dictamen que se discutió en el pleno la noche del martes y que fue avalado por una mayoría de 348 votos.
“No genera un impacto presupuestal. Todos los trabajadores de organismos públicos descentralizados y de la federación tienen su plaza y salarios asegurados en el presupuesto de egresos”, apunta en entrevista la diputada Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión del Trabajo.
El 1 de diciembre pasado, la legisladora también presentó una iniciativa para prohibir la subcontratación de personas en el sector público.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a eliminar el outsourcing en su gobierno. “Donde haya, se termina”, señaló en la conferencia de prensa del 17 de noviembre, cuando ya había enviado la iniciativa de reforma en materia de subcontratación a la Cámara de Diputados.
En el caso del personal que estuviera subcontratado, realizando actividades que tendrían que hacer las instituciones públicas, dijo que “el gobierno se hace cargo de pagarles. Hemos venido regularizando (por ejemplo) en el caso de la Secretaría de Educación Pública”.
Su administración ha otorgado la plaza a 370,000 profesores y profesoras, informó. “Tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, que están trabajando como eventuales”.
La prohibición de la subcontratación de personal no sólo será en la iniciativa privada, sino en el gobierno, dijo. “Pero es en beneficio de los trabajadores y de la hacienda pública, del Seguro Social y del Infonavit”, dijo. “No tenemos por qué tener intermediarios”.
Sin embargo, en su proyecto de reforma no incluyó cambios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hace unas semanas, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, adelantó que la prohibición de la subcontratación de personas abarcaría a los entes públicos.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador asignó al menos 50 contratos a empresas de subcontratación entre 2019 y 2020, que equivalen a 28,800 personas subcontratadas en el gobierno en diferentes labores.
La mayoría de las legisladoras y los legisladores en San Lázaro aprobó esta semana la reforma para prohibir la subcontratación de personas y permitir sólo la de servicios u obras especializadas. Así como la de servicios compartidos entre empresas de un mismo grupo empresarial.
Además del diputado Pablo Gómez y la diputada Anita Sánchez, ambos de Morena, la diputada Margarita García (PT) propuso regular el outsourcing en el gobierno. No obstante, el tema no se había mencionado en los debates públicos de la reforma hasta que fue incluido al final de la reunión de las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Baja en la que se dictaminó el proyecto el martes por la tarde.
“Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiere el artículo 1º de la presente Ley. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”, se detalla en el artículo 10 Bis adicionado a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Si el Estado no tuviera la capacidad para realizar algunas actividades especializadas, explica Anita Sánchez, podrá subcontratar ese servicio. Lo hará mediante una licitación público privada, subraya. “Pero ojo: el servicio, no el personal. Las trabajadora o trabajadores que lo realicen no quedarían a cargo de esa institución u organismo, sino de la empresa de subcontratación”.
Para que esa compañía concurse por un contrato en el sector público debe estar inscrita en el padrón de subcontratistas. Este registro, que será público, lo administrará la Secretaría del Trabajo, recuerda.
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