La reforma de subcontratación contempla la creación de un registro para las empresas del sector en el que se apostará por la autorregulación de los interesados en ofrecer servicios y obras especializadas. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no descarta realizar inspecciones para verificar que las compañías inscritas operen bajo las nuevas reglas del juego.
Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, confirmó que las inspecciones que se realizarán una vez que entren en vigor los cambios legales en la materia serán aleatorias o por denuncias recibidas ante la dependencia. Tendrán como finalidad comprobar que sea correcta la información proporcionada por las organizaciones en el mecanismo de registro que se pondrá en marcha.
La reforma de subcontratación contempla la creación de un registro para las empresas del sector en el que se apostará por la autorregulación de los interesados en ofrecer servicios y obras especializadas. Sin embargo, la STPS no descarta realizar inspecciones para verificar que las compañías inscritas operen bajo las nuevas reglas del juego.
Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, confirmó que las inspecciones que se realizarán una vez que entren en vigor los cambios legales en la materia serán aleatorias o por denuncias recibidas ante la dependencia. Tendrán como finalidad comprobar que sea correcta la información proporcionada por las organizaciones en el mecanismo de registro que se pondrá en marcha.
“Me gustaría que le rebajásemos las expectativas al registro, porque el registro tiene que ser algo sencillo, algo masivo, algo fundamental en algunos candados, pero con una buena dosis de buena fe. Parte de lo que se negoció, es que sea un registro, no un permiso y, por tanto, el registro parte de la buena fe, tú me dices que haces esto y yo tengo la obligación de creerte, salvo que te inspeccione y la inspección será aleatoria y por denuncia”, expresó el funcionario.
Durante el webinar La subcontratación en tiempos de incertidumbre, organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), Alejandro Salafranca reconoció que será imposible supervisar a todas las empresas que se registren para ofrecer la tercerización de servicios y obras, pero sí se contemplará un número específico en el programa anual de inspecciones.
Para este año, la dependencia informó que realizará alrededor de 40,000 inspecciones con el objetivo de verificar las condiciones laborales y garantizar los derechos de los trabajadores. Este año, la herramienta de verificación de la STPS estará focalizada en combatir la subcontratación abusiva y en verificar las condiciones y seguridad de mineros y personas trabajadores del campo, en especial para erradicar el trabajo infantil, sin perder la atención de lo vinculado al trabajo en el contexto de emergencia sanitaria.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se le asignaron 576 millones de pesos a la Secretaría del Trabajo, a través de la partida Fomento al Trabajo Digno o Decente, para mejorar la calidad del empleo en el país, fortalecer las inspecciones y asesorar a trabajadores y patrones sobre las formas de cumplir con las normas laborales, entre otros aspectos.
A pesar de que la dependencia tiene contemplada la verificación del cumplimiento de la nueva norma, Salafranca Vázquez descartó que se pretenda iniciar una “cacería de brujas” después de que entre en vigor la reforma.
“La posición en general es facilitar que esta ley se cumpla y se cumpla bien; el objetivo es que las cosas salgan bien. El objetivo no es una cacería de brujas o ponernos zancadillas los unos a los otros, la finalidad es terminar con una práctica nociva y que el tránsito al nuevo modelo sea armónico, adecuado y benéfico para todos, eso es el espíritu en general”, detalló.
Desde hace dos años, las inspecciones de la STPS se realizan con una nueva metodología, basada en el cruce de información entre las bases de datos de varias dependencias federales, para detectar irregularidades y verificar centros de trabajo donde, de ante mano, ya se tiene identificada una posible violación a las normas.
La reforma de subcontratación, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado para su revisión, establece un nuevo mecanismo para la verificación del cumplimiento de las nuevas reglas y, como resultado, consecuencias más robustas para la empresa que se niegue a las inspecciones.
El proyecto plantea que el patrón que se niegue a la inspección en su centro de trabajo podría hacerse acreedor de una multa de entre 22,405 y 448,100 pesos, además será llamado a comparecer ante la Secretaría del Trabajo para presentar la información requerida. Si no lo hace, se presumirá que no cuenta con lo solicitado y esto podría ser motivo de otras sanciones.
“Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella. Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización”, se establece en la reforma al artículo 1004-A de la Ley Federal del Trabajo.
En lo que respecta a las obligaciones de seguridad social, también se impondrán multas a las empresas de subcontratación de servicios especializados que no proporcionen cuatrimestralmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los reportes sobre los contratos celebrados durante el cuatrimestre correspondiente. En estos casos, la sanción será de entre 44,810 y 179,240 pesos.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, al menos en los términos actuales, la subcontratación de personal será una actividad prohibida y, por tanto, las empresas que realicen esta actividad o bien, presten servicios especializados sin contar con el registro requerido, podrían recibir multas de entre 179,240 y 4 millones 481,000 pesos, adicional de las implicaciones legales.
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