El Congreso Local aprobó un punto de acuerdo para pedir que la Fiscalía General de Justicia investigue a funcionarios por la orden de aprehensión dictada contra el gobernador del estado de Tamaulipas
El Congreso de Tamaulipas aprobó este jueves un punto de acuerdo con el cual solicitó a la Fiscalía General de Justicia del estado que inicie una investigación “sobre la supuesta orden de aprehensión en contra del gobernador del estado” Francisco García Cabeza de Vaca.
Durante la sesión de pleno del Congreso estatal, el diputado Félix Fernando García Aguiar presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al cual se le dispensó el turno a comisiones, y fue presentado directamente al pleno para su discusión.
Sin haber oradores, la presidencia en turno del Congreso solicitó la votación: 24 diputados aprobaron el punto de acuerdo y ocho se manifestaron en contra.
“Se solicita a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas”, se lee en el acuerdo.
En la sesión de este jueves, el Congreso local también aprobó por mayoría presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos en la solicitud, omisión y en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión.
En la resolución, el Congreso local indicó que se “deja de manifiesto que esta soberanía ha sido violentada con la supuesta orden de aprehensión”.
En un comunicado, el Congreso local refirió que no tiene más conocimiento sobre la orden de aprehensión en contra del gobernador Cabeza de Vaca que lo que circula en redes sociales.
“Sin embargo, al ser un acto de suma importancia para este Congreso es que se solicitaron se tomen acciones inmediatas para conocer sobre el mismo”, concluyó.
Cabe destacar que el Congreso de Tamaulipas, con mayoría del PAN, considera que el gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las Constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal.
Esto es, que ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales.
