En solo dos años el gasto que se destina a las actividades militares en México pasó de 118 mil a 140 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 20 por ciento, de acuerdo con la más reciente actualización del Índice de Paz México.
El impacto económico de las políticas públicas y programas para contener la violencia en el país avanzó 2.3 por ciento, lo que se explica fundamentalmente por el gasto ejercido en las Fuerzas Armadas y no en sistemas de prevención, seguridad pública, sistema de justicia o protección ciudadana. De hecho, el gasto en este último rubro se ha recortado cerca de 31 por ciento desde el 2015.
Por su parte el gasto en seguridad pública, a través de la policía, los servicios de protección, los costos de custodia y encarcelamiento, la vigilancia y seguridad de las personas y los respectivos costos de administración ha disminuido 32 por ciento desde el 2012.
Otro de los rubros que han sido más castigados es el del gasto dirigido a la justicia que solo en 2020 cayó 1.5 por ciento respecto del año previo, de acuerdo con el informe del Índice de Paz México.
Estas cifras reflejan un incremento de la apuesta de las autoridades por contener la violencia y la inseguridad mediante el uso de las Fuerzas Armadas y su empoderamiento presupuestal en lugar de impulsar programas de prevención y seguimiento.
El estudio también señala las importantes barreras que enfrenta el país en materia de justicia; lo que provoca una mayor incidencia de la impunidad y por ende mayor presencia del crimen y la violencia.
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