Por mandato judicial, Sinaloa aprueba el matrimonio igualitario

Con 23 votos a favor y 17 diputados locales ausentes, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformar el Código Familiar de aquella entidad federativa para reconocer el matrimonio igualitario

Con mayoría de 23 votos a favor y 17 diputados locales ausentes, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el matrimonio igualitario, luego de que el Poder Judicial de la Federación ordenara reformar el Código Familiar de aquella entidad federativa para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.

La reforma a los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa fue aprobada por 18 legisladores locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dos del Partido del Trabajo (PT), uno del Partido Sinaloense, uno del Partido Encuentro Social (PES) y un diputado local independiente.

Por su parte, ocho legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres de Morena, tres del PT, dos del Partido Acción Nacional (PAN) y un diputado local independiente se ausentaron de la sesión para no votar el dictamen.

La aprobación del matrimonio igualitario en el estado de Sinaloa ocurrió después de que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito -con sede en la ciudad de Culiacán- emitiera una sentencia a favor de activistas de la comunidad LGBTTTIQ+ y ordenara al Congreso Local avalar dicha modificación legal.

Hace dos años, el Congreso del Estado de Sinaloa ya había rechazado el reconocimiento legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Debemos ser capaces de dejar de lado nuestras propias creencias y nuestras inclinaciones personales, ser capaces de dejar de lado los dogmas religiosos en nombre de nuestro deber como legisladoras y legisladores, en nombre de la ética, de la razón y del derecho, que nos mandara a realizar las adecuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y disfrute de los derechos humanos salvaguardados en la propia Constitución”, señaló la diputada local de Morena, Francisca Abelló Jordá.

En su fallo, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito advirtió que los legisladores locales que votaran en contra del dictamen serían sancionados con una multa de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y su caso sería enviado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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