La Secretaría de Marina (Semar) ofreció el martes una inusual disculpa pública por su presunto papel en una serie de desapariciones forzadas ocurridas en 2018, en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos.
Unas 40 personas desaparecieron entre febrero y mayo de 2018 en esa localidad situada frente a Laredo, Texas, y que durante muchos años ha sido uno de los puntos más violentos en la guerra entre cárteles de la droga.
Durante la ceremonia, el contralmirante Ramiro Lobato, dijo que la disculpa es un precedente hacia una “estricta vigilancia” de las operaciones militares y que la “institución (…) lamenta profundamente la situación, por lo que se compromete a continuar colaborando con las autoridades”.
En abril, autoridades mexicanas acusaron a 30 marinos por presuntamente participar en desapariciones forzadas y dijeron que investigarían el asunto en un plazo de seis meses. Organismos de derechos humanos han criticado por años que pocas veces se castiga a militares señalados por estos delitos.
Cerca de dos docenas de familiares de víctimas asistieron al evento al aire libre en un pequeño parque en el centro de Nuevo Laredo.
“Lo que queremos es justicia, nadie merece vivir con esta incertidumbre de no saber si su ser querido sigue vivo o si ya no está en este mundo”, dijo a la agencia británica de noticias Reuters Leticia Martínez, cuyo esposo Gabriel Gasper desapareció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante 2018.
Junto con el Ejército México, la Marina Armada de México asumió desde 2006 un papel central en la ofensiva dirigida por el gobierno contra los cárteles de la droga y otros grupos criminales. Su despliegue dio lugar a frecuentes denuncias de violaciones a derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos.
Los cargos contra marinos fueron los primeros movimientos de alto perfil contra personal militar en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha mantenido un uso sin precedente de efectivos en proyectos ajenos a la seguridad, como construcción de importantes obras o distribución de vacunas.
La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos ha denunciado ese tipo de crímenes, incluyendo la desaparición forzada de por lo menos cinco menores, y los ha calificado de “horribles”.
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