Un juzgado federal denunció ante la FGR al secretario de Salud, Jorge Alcocer; y al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, por presuntamente haber desacatado la orden judicial para abastecer 37 claves de medicamentos oncológicos
La Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar al secretario de Salud, Jorge Alcocer; al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera; así como a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, por el presunto desacato a una orden judicial de abastecer de medicamentos oncológicos.
El Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México interponer una denuncia contra dichos funcionarios porque desacataron su mandamiento para que surtieran 37 claves de medicamentos oncológicos pediátricos en hospitales públicos entre 2020 y 2021.
“Procede hacer la denuncia correspondiente en contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, para que proceda a observar lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en el precepto 262, fracción III de la Ley de Amparo”, determinó Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en su resolución del pasado 16 de julio.
El procedimiento administrativo fue iniciado por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, AC, que se dedica a la lucha contra el cáncer en la niñez, por medio de la difusión y capacitación.
La denuncia fue interpuesta el mismo día de la resolución judicial del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, por lo que la FGR deberá iniciar de inmediato la carpeta de investigación.
El caso más recordado por desacato es del 2004, cuando un juez responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que le exigía la suspender la construcción de una calle en un terreno de la zona de Santa Fe, cuyo fin era conectar un hospital privado. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatoria y se responsabilizó de ello al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Congreso de la Unión el juicio de desafuero en su contra a fin de separarlo del cargo, hecho que se materializó el 7 de abril de 2005. Sin embargo, los entonces diputados Gabriela Cuevas y Jorge Lara pagaron una fianza para que López Obrador no fuera detenido. Finalmente, la autoridad judicial no ejercitó acción penal contra el funcionario.
Rosalva Zavala Arredondo, exjuez Primero Menor Civil en Irapuato, Guanajuato, en su libro “La inejecución de sentencias, dictadas por autoridad judicial, y federal, debido a la falta de medida apremio idóneo”, sostiene que la figura del desacato es “inofensiva”, dado que se puede pagar una multa para subsanar la causa, y la cual resulta ser de una cantidad simbólica, “implica una burla”, menciona. Además, refiere que el desacato por un mandato judicial sólo procede si no se agotaron y ejecutaron los medios coercitivos reseñados, “aunado a que conlleva tiempo iniciar la averiguación previa, consignar al juez competente y agotar las etapas procesales referentes a un proceso penal”.
