Las millonarias multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos políticos Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violentar las regulaciones durante la campaña y la jornada de votación del 6 de junio generaron posiciones encontradas sobre si las sanciones representan una limitación a la libertad de expresión o un intento por imponer controles a los influencers, que se han convertido en una poderosa herramienta de algunas empresas y organizaciones para publicitar sus marcas y productos.
A continuación presentamos un vistazo de los datos más relevantes de los casos:
El Consejo General del INE sancionó el jueves a MC y al gobernador electo del estado norteño de Nuevo León y miembro de esa organización, Samuel García, por recibir “aportaciones en especie” a través de publicaciones en las redes sociales de Mariana Rodríguez, esposa del político y una reconocida influencer que alcanzó mayor popularidad tras un mensaje que difundió el año pasado sobre sus tenis “fosfo”.
Asimismo, MC fue sancionado por las aportaciones en efectivo que recibió García de sus familiares Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda por 14 millones de pesos, ingreso que fue considerado por el INE como “prohibido por la ley”.
A MC le impusieron una multa global de 83 millones de pesos y a García de 448 mil 996 pesos.
El Consejo General del INE sancionó al PVEM por violar la veda electoral durante la votación del 6 de junio al utilizar a 104 influencers —entre actores, modelos y conductores de programas de televisión— para que llamaran a votar a favor de la fuerza política a través de las redes sociales. El INE estableció que los influencers fueron “contratados por el partido a través de empresas”, y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.
A PVEM se le impuso una multa de 40,9 millones de pesos (unos dos millones de dólares) y se le sancionó con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral durante un año contado a partir de agosto.
MC afirmó en un comunicado que las publicaciones que hizo Rodríguez en las redes sociales a favor de su esposo fueron “mensajes de legítimo apoyo y en libertad de expresión”. La organización recordó que en los comicios de 2018, cuando García fue electo senador, el INE también intentó una acción similar contra el político y el Tribunal Electoral falló a su favor alegando que las publicaciones de su esposa estaban protegidas por la libertad de expresión.
Por su parte, el PVEM indicó en un comunicado que “jamás realizó contratación o pago alguno, por sí ni por terceras personas, a ningún ciudadano o influencer”, y agregó que lamentaba que el INE los haya sancionado “sin siquiera haber acreditado la contratación de influencers o la realización del pago”.
La propaganda política que se ha visto en los últimos años través de personalidades famosas es una “consecuencia natural” de la migración de las audiencias cada vez más jóvenes, muy desconectadas de los medios tradicionales, hacia las comunicaciones a través de los teléfonos móviles, afirmó el profesor de Comunicación y columnista de un medio local, José Soto Galindo.
Ante el debate que ha surgido sobre si las sanciones del INE vulneran la libertad de expresión, Soto Galindo indicó que en el caso de México las regulaciones electorales imponen condiciones de censura a la libertad de expresión que son muy claras, particularmente durante la veda electoral, y agregó que “por más influencers que sean, pues también tienen que cumplir la ley electoral”.
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