Un grupo de profesores de las Universidades para el Bienestar denunció que -a partir de julio pasado- aproximadamente 60 docentes y asistentes académicos han sido despedidos injustificadamente
El pasado 20 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya operan en el país 140 sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, uno de sus proyectos clave para terminar con el rechazo de jóvenes en educación superior. Sin embargo, docentes denunciaron despidos injustificados en varias sedes del país.
“A partir de julio de 2021 cerca de 60 docentes y asistentes académicos hemos sido despedidos injustificadamente y sin previo aviso de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ)”, dijeron este jueves en un comunicado los maestros de esa casa de estudios en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
“Manifestamos nuestra inconformidad sobre esta decisión unilateral y sin sustento por parte de la dirección general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, dijeron.
Argumentaron que ingresaron a las Universidades a través de un proceso de selección que consideró sus credenciales académicas y experiencia laboral.
“Así, la mayoría de las y los trabajadores despedidos contamos con estudios de posgrado, 60 por ciento tenemos estudios de maestría, 24 por ciento estudios de doctorado y 6 por ciento pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores”.
“Además, contamos con experiencia en trabajo comunitario (organización, gestión y producción). Al momento de sumarnos al proyecto de las UBBJ lo hicimos convencidos de la necesidad de una educación gratuita y transdisciplinaria basada en elementos técnicos y humanísticos para los sectores más desprotegidos de la nación mexicana y es bajo este enfoque que hemos laborado ininterrumpidamente en nuestras sedes.
“Dentro del ámbito de nuestro desempeño profesional hemos cumplido cabalmente las funciones asignadas. Aún más, hemos trabajado arduamente en múltiples funciones que trascienden nuestro perfil profesional, así hemos realizado actividades complementarias de gestión, administración y provisión de recursos”, mencionaron.
Denunciaron violaciones laborales por parte de la dirección general que encabeza Raquel de la Luz Sosa Elízaga, y la dirección académica de las diversas sedes.
“A los trabajadores se nos ha obligado a firmar convenios de prestaciones por servicios educativos con el objetivo de no reconocer nuestra condición de trabajadores y con ello negarnos nuestros derechos humanos y laborales establecidos en el artículo 123 de la Constitución. Esta serie de violaciones laborales han culminado en nuestro despido injustificado en plena pandemia COVID-19”, dijeron.
Por ello, hicieron público un pliego petitorio:
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- Reconocimiento a la relación laboral
- Reinstalación de todas y todos los profesores y asistentes académicos despedidos.
- Seguridad social conforme lo marca la ley.
- Estabilidad laboral y cese a los descuentos y retenciones indebidas de jornadas trabajadas.
- Alto a las medidas represivas y de descalificación de las y los trabajadores en la demanda de sus derechos laborales.
- Reconocimiento a nuestra antigüedad laboral.
- Pago de la jornada laboral completa (trabajo frente a grupo, preparación de clases, asesorías, gestión).
- Libertad de cátedra.
“Finalmente, señalamos que la mayoría de las y los despedidos somos fundadores de las Universidades en sus diferentes sedes y hemos sostenido a nuestras universidades porque creemos en la universidad gratuita, incluyente y de calidad. Calidad que solo se logrará si las autoridades hacen cumplir el artículo 123 al poner un alto a las violaciones laborales y despidos injustificados”, finalizaron.
