Más de 95 mil trabajadoras en los últimos años han preferido renunciar a su empleo debido a casos de acoso, pues no han contado con el apoyo para dejar de ser violentadas, advirtieron en especialistas
Entrar a un trabajo y sufrir agresión sexual es para las mujeres echar una moneda al aire, ¿padecerán este tipo de agresión o no?, dijo Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). De acuerdo con la funcionaria, el 54% de las trabajadoras ha podido identificar y señalar que ha vivido violencia sexual en el ámbito laboral.
El viernes pasado, el Senado de la República llevó a cabo el foro virtual Mujeres: Violencia y acoso laborales. En el encuentro, en el que participaron funcionarias y feministas de diversas sectores, se comenzó a perfilar el cabildeo para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en las empresas.
La inauguración fue un espacio también para celebrar el reciente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de negar el derecho al aborto. Y también la decisión de otorgar licencias de paternidad de tres meses en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Son conquistas de los movimientos de mujeres y feministas, apuntó Martha Lucía Mícher (Morena), presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado. También lo es que el acoso y violencia laboral sea un tema cada vez más visible, agregó.
Este tipo de conductas están arraigadas en el sentido común como normales, “y por eso a las feministas nos ha costado tanto trabajo que sean reconocidas como hechos dañinos”, dijo.
Nadine Gasman indicó también que el 50% de las mujeres señalan haber sufrido violencia emocional en el trabajo. Bajo esas circunstancias, ingresar a un empleo y saber si “habrá o no violencia es un volado”, lamentó. Sin embargo, tomando en cuenta que el 91% de ellas no denuncia, el porcentaje de quienes han padecido episodios de violencia en el trabajo de diversos tipos podría ser mayor.
Caso Roemer, como el de muchos
Es un problema enquistado, dijo Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Va desde agresiones psicológicas hasta físicas que por años han sido invisibilizadas y normalizadas, lo “que permitió que aumentara sin consecuencias”.
Los impactos son psicológicos, físicos, económicos y laborales, lamentó la senadora Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano), secretaria de la Comisión del Trabajo del Senado, y una de las principales promotoras de este foro y de la ratificación del Convenio 190 de la OIT.
Indicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 2 millones de mujeres han señalado distintas formas de violencia en el trabajo y más de 95,000 renunciaron.
La senadora recordó el caso de Andrés Roemer, quien tuvo cargos diplomáticos y laboraba en TV Azteca. Hasta ahora, suman mas de 60 denuncias de mujeres a quienes las agredió sexualmente.
Muchas “tuvieron que decir sí a los favores sexuales que él les pedía” para obtener un trabajo o un ascenso. Existen cuatro órdenes de aprehensión en su contra, pero huyó a Israel para evadirlas. Lo más lamentable, dijo, es que este es sólo un ejemplo de muchos casos que se repiten en otras empresas.
“El Estado mexicano tiene que asumir la responsabilidad para hacer los cambios legislativos necesarios”, apuntó la senadora feminista. El Poder Judicial también tiene que hacer lo propio para garantizar las justicia, igualmente las empresas deben actuar”, dijo.
¿Y por qué no denuncian?
“Este fenómeno comprende conductas que van desde un acoso disimulado, disfrazado”, hasta aquellas que abiertamente le ocasionan un daño a la mujer, explicó la ministra de la SCJN Norma Lucía Piña Hernández.
El acoso laboral no sólo afecta a la víctima, sino a toda la sociedad. Si esta situación continua, será imposible que los países cumplan con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual plantea el desarrollo sostenible. Por ello, llamó a crear una cultura de prevención y de la denuncia.
Sin embargo, las mujeres prefieren no denunciar por sigue existiendo un estigma contra ellas, dijo la académica María Guadalupe Huacuz Elías. “Hay un temor a ser culpabilizada, a destruir amistades o vínculos, a la represalia por amenazas directas, por no contar con alguien de confianza y no tener dónde denunciar. Son culpabilizadas de su victimización sexual”, lamentó.
Para Leticia Bonifaz, experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), “el cambio no será por la vía del derecho, sino por la constante concientización”.
Narró el caso de una trabajadora que había pedido el cambio de lugar porque un compañero solía sentarse frente a ella y abrir las piernas mientras la miraba. “No me dice ni hace nada, pero no me gusta”, le contaba. Sus jefes nunca atendieron su petición. “Dónde está toda esa gente que no ha sido capacitada y se niega a ver lo que nosotras sí podemos ver”.
La incidencia del cambio debe ser en la cotidianidad, apuntó. Se sigue poniendo en duda la palabra de las mujeres, se les dice exageradas y muchos hombres, en lugar de cuestionar su lugar de privilegio, cuestionan que ahora cualquier cosa que hagan puede ser malinterpretado.
Rumbo al Convenio 190
Una de las formas de erradicar esta situación es con una normatividad más clara, señaló Luisa María Alcalde. “Por eso en la reforma laboral de 2019 se incluyó como obligación de los empleadores que, en acuerdo con trabajadores, deben establecer un protocolo” para atender estos casos.
La STPS, junto con Inmujeres y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) crearon el modelo de Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo, “el cual pueden adoptar desde las unidades más pequeñas hasta las más grandes para que sepan qué pasos seguir” sin revictimizar.
Pero otro paso importante es la ratificación del Convenio 190 de la OIT, por el que el Estado mexicano votó a favor en 2019, pero que la iniciativa privada de este país prefirió no hacerlo y dar un voto abstención.
El convenio indica que la violencia no se restringe al lugar de trabajo, puede ocurrir en traslados y otros sitios que tengan que ver con el ámbito laboral, incluye no sólo a trabajadoras y trabajadores, sino a aprendices, personal voluntario o a quien busca empleo, y reconoce que este problema afecta desproporcionadamente a las mujeres, explicó Rodrigo Mogrovejo, de la Oficina de la OIT para México y Cuba.
“En ese contexto, la cancillería promueve la ratificación del convenio”, aseguró Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER). “Estamos realizando las consultas con todos los involucrados” para que el gobierno federal lo envíe al Senado y ahí sea ratificado, con el consenso también de las empresas.
