El 94.8 por ciento de los delitos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”, según un informe presentado por el centro de análisis México Evalúa.
“A nivel nacional, existen 11 fiscales, nueve peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, en promedio”, detalló la organización.
En el informe “Hallazgos 2020” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México, cinco años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal en México.
De acuerdo con el análisis de México Evalúa, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías” y que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.
El informe detalla que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.
En 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) inició 38 mil 855 carpetas de investigación, una reducción del 60 por ciento con respecto a 2019. De 2018 a 2019, ya había habido una disminución del 12.7 por ciento.
Por otro lado, la octava edición de dicho informe también revela un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21 por ciento y de los procedimientos abreviados en un 16 por ciento.
Estos “vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas”.
“En la práctica, ningún delito se esclarece realmente y solo se repara el daño al 0.30 por ciento de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país”, expusieron.
Con esto, se permite la fabricación de culpables y se niega la verdad para las víctimas, consideraron.
México Evalúa también recogió que una de cada cuatro detenciones en México son ilegales.
El informe, que se presenta habitualmente de manera anual, integra en esta ocasión una evaluación con enfoque de género “a la operación y resultados del sistema penal”.
A raíz de esta investigación, hallaron que una de cada dos mujeres privadas de la libertad se encuentra esperando una sentencia.
Además, México Evalúa detectó que se imponen penas mayores para las mujeres privadas de su libertad que para los hombres porque de las personas que reciben penas mayores a 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.
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