El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, los artículos no reservados de la Miscelánea Fiscal para el 2022, luego de una discusión que duró más de tres horas en donde el RFC obligatorio a mayores de edad y el tope a donativos, entre otros temas, enfrentaron a los legisladores.
En total, se emitieron 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones para aprobarla en lo general y se espera que este martes se lleve la discusión en lo particular de los artículos reservados por las diferentes bancadas. Se esperan alrededor de 350 reservas.
Una de las principales críticas a este paquete de modificaciones fiscales, y que ha sido una constante desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que las medidas propuestas sólo abonan a un “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes, sostuvieron partidos de la oposición.
“Están confundidos, están desubicados. Al correcto pago de impuestos le llaman terrorismo fiscal, pero al robo por medio de facturitas ilegales que generaron en los años del neoliberalismo le llaman planeación fiscal. Basta de esas patrañas”, contestó Benjamín Robles Montoya, diputado del PT.
El tema del RFC obligatorio para los mayores de edad fue uno de los que más se criticó, pese a la modificación que hizo la Comisión de Hacienda y Crédito Público para especificar las consideraciones para no generar obligaciones y sanciones a aquellos jóvenes que no cuenten con un trabajo o ingresos.
Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, indicó que el partido “no abandonará a nuestros jóvenes” y se peleará para evitar que estos sean criminalizados por la sencilla razón de que omitan registrarse en el RFC.
“El hecho de que los jóvenes de 18 años sean inscritos en el RFC al final de día podrá acabar siendo una simulación de la ampliación de contribuyentes. Si un joven trabaja y está en la vida productiva, que se inscriba. Si un joven es estudiante no tendría ninguna razón, ni voluntaria, mucho menos obligatoria, de hacerlo”, criticó la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del PRI.
Aleida Alavez, de Morena, explicó que se busca proteger a los jóvenes del crimen organizado y de que sean “utilizados como parapetos de operaciones ilícitas”, a través de factureras u otros esquemas.
Otro de los temas que también causó revuelo fue el que se refiere al tope en las deducciones permitidas para aquellos contribuyentes que realizan donaciones, lo que diputados del PRI, PAN y PRD plantearon que afecta a las organizaciones civiles y, por ende, a población vulnerable que acude a dichas organizaciones.
“Se busca evitar abusos, se mantiene la posibilidad de deducir por personas morales hasta 7% de las utilidades fiscales, ya no más evasión eso es lo que se busca en este nuevo estado de nación”, agregó Aleida Alavez desde el estrado de la Cámara Baja.
Previo a la discusión de la Miscelánea, la Comisión de Hacienda también aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la Ley Federal de Derechos (LFD), que serían discutidos en el pleno luego de la aprobación, en lo particular, este martes de la Miscelánea Fiscal.
De acuerdo con la LIF, se espera que el siguiente año se obtengan ingresos por poco más de 7.08 billones de pesos, de los cuales 55.6% serían a través del pago de impuestos de los contribuyentes, mientras que lo restante provendrá de ingresos petroleros, el pago de derechos, financiamiento, entre otros.
El incremento de los ingresos de 8.6% respecto a lo aprobado este año, superior al crecimiento de 4.1% del PIB para el 2022, fue criticado por los partidos de la oposición, además de resaltar que el saldo en los fondos de estabilización es mucho menor a lo que se tenía previo a la pandemia.
La Comisión también avaló el techo de endeudamiento interno solicitado por el Ejecutivo Federal de hasta 850,000 millones de pesos, así como de 3,800 millones de dólares de endeudamiento externo.
En el dictamen de la LIF se incorporó un transitorio para complementar el decreto firmado en días pasados por el Presidente para legalizar los llamados autos chocolate. Los recursos que se obtengan por esta legalización serán considerados como “ingresos excedentes” y se destinarán para acciones de pavimentación en municipios de la frontera norte.
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