La CNDH determinó que Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, ha sido víctima de graves violaciones de derechos humanos, actos de tortura e incomunicación
En una recomendación dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó una nueva investigación sobre el caso de Mario Aburto Martínez.
Dicho organismo autónomo aseguró que el hombre condenado por el asesinato del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, actos de tortura e incomunicación; así como al debido proceso.
“Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”, detalló en un comunicado de prensa.
#CNDH dirige #Recomendación a la @FGRMexico y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por actos de #Tortura contra una persona privada de su libertad en #CEFERESO de #Guanajuato.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/XDSXvMrpT4
— CNDH en México (@CNDH) October 26, 2021
Aburto Martínez, quien fue detenido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, estado de Baja California; se encuentra actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12 en el municipio de Ocampo, perteneciente al estado de Guanajuato.
“La CNDH recomendó a la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueve ante el Órgano Interno de la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados”, agregó.
