México resultó reprobado en el Índice Global de Políticas de Drogas 2021. Foto: Especial
El Índice Global sobre Políticas de Drogas (Global Drug Policy Index) ubicó a México en el lugar 26 de los 30 países calificados. Nuestro país se ubicó entre los cinco con la calificación más baja en políticas antidrogas.
El Índice es una herramienta que documenta, mide y compara las políticas referidas a drogas a nivel nacional, y asigna a cada país una puntuación y clasificación que muestra qué proporción de sus políticas sobre drogas y de la implementación de estas, qué tanto se alinea con los principios de la ONU en materia de derechos humanos, salud y desarrollo.
Este año, México ocupó el lugar 26 de 30 países analizados y está reprobado en todas las áreas de política de drogas: ausencia de respuestas extremas, proporcionalidad y justicia penal, reducción de daños y acceso a medicamentos. Los países mejor evaluados fueron Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Australia, Canadá, Georgia, Macedonia del Norte y Costa Rica. En contraste los últimos cinco lugares los ocuparon México, Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil.
En el Índice Global sobre Políticas de Drogas 2021, México alcanzó 47 puntos en ausencia de respuestas extremas; 32 en proporcionalidad y justicia penal; 36 en reducción de daños y 26 en acceso a medicamentos.
La edición inaugural del Índice Global de Políticas sobre Drogas, publicado este martes por el Consorcio para la Reducción de Daños, una coalición global de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en colaboración con el mundo académico, reveló que las políticas en materia de drogas de la mayoría de los países no cumplen con las recomendaciones más básicas del sistema de la ONU, por lo que hace un llamamiento a los gobiernos para que den prioridad a la ejecución de reformas.
Los resultados del índice para México muestran que sigue prevaleciendo el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas. Con una puntuación general de 36, se encuentra por debajo de Tailandia, Uganda y Nepal, así como de países latinoamericanos como Colombia, Argentina y Costa Rica. Sólo se encuentra en mejor posición que Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil.
El índice expone que en México prevalece la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el curso de las actividades antidrogas, así como la participación de las fuerzas militares en estas tareas. También señala que se encuentra muy extendida la práctica de reclusión forzada en centros de tratamiento y que las leyes actuales han sido ineficaces para desviar a las personas que consumen drogas fuera del sistema de justicia penal. En gran medida, la aplicación de la política estatal de drogas resulta en el encarcelamiento de personas usuarias de sustancias psicoactivas, debido a su criminalización y estigmatización.
En un comunicado, el Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dijo que este índice denotó que las violaciones a los derechos humanos son “rutinarias” y permanecen impunes, las personas supuestamente sospechosas de haber cometidos delitos relacionados con drogas son frecuentemente sometidas a tortura y detenciones arbitrarias. Asimismo, la aplicación de la política de drogas tiene un impacto desproporcionado en determinados grupos étnicos, personas de bajo nivel socioeconómico y en las mujeres.
Por otra parte, dijo que el financiamiento para la reducción de daños es incipiente y, en general, la disponibilidad de estos servicios es casi nula. “En México, la oferta de tratamientos de sustitución de opioides de libre acceso no es una prioridad y como resultado los programas existentes están dirigidos a la abstinencia. No contamos con intervenciones de salud pública que tomen en cuenta las necesidades reales de la población usuaria”, dijo.
Finalmente, sostuvo que, aunque existe una legislación nacional sobre el acceso a medicamentos controlados y la obligación del gobierno de tomar las disposiciones adecuadas para garantizar su disponibilidad, las disparidades dificultan su acceso para el alivio y el tratamiento del dolor.
“Los resultados del Índice Global de Política de Drogas son reveladores y marcan una pauta para seguir avanzando en la transformación de nuestras políticas de drogas. Con ello, nos sumamos en la exigencia para que el gobierno actual actúe de la mano de la sociedad civil organizada con la intención de garantizar los derechos de la población”, mencionó.
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