Alejandro Encinas señaló que hasta antes de 2018 el Estado mexicano abdicó de sus responsabilidades en materia de desaparición y delegó la búsqueda de las personas desaparecidas a los familiares de las víctimas
México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual inició una visita en territorio nacional, que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.
“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, expresó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, durante la bienvenida al CED, encabezado por la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana.
Durante su discurso, Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente el país, se deriva de la guerra sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico”, la cual se declaró en la gestión del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Afirmó que, pese a que en noviembre del 2017 se aprobó la “Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda”, estos mecanismos han sido inoperantes.
“Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y solo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, precisó.
Exaltó que tras la llegada del Gobierno el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se han enviado “señales muy claras” para atender esta problemática.
