El presupuesto otorgado para la Guardia Nacional para el 2022 tuvo un incremento general, en términos reales, de 69.8% con respecto al año anterior al pasar de 36,991 millones de pesos este 2021 a 62,825 millones. En ese contexto, destaca un alza de más de 1,000 millones de pesos a la partida para combatir los delitos. Sin embargo, expertos consideraron que aumentar los recursos no es la solución para bajar los índices de violencia en el país.
Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se estipuló que del total aprobado para este año, 47.4% es para la operación de la institución, la prevención, investigación y persecución de delitos, es decir, se pondrán a disposición 29,803 millones 368,492 pesos.
Esta cifra es 2.8% superior en términos reales a lo que se destinó para este rubro en el presupuesto del 2021 cuando se aprobó un total de 28,995 millones 838,378 pesos.
Desde su creación en 2019, según cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la GN ha visto crecer de manera importante el presupuesto para el combate a delitos, no obstante, poco ha influido en mejorar el clima de inseguridad en el país ya que, entre 2019 y 2020, se registraron más 68,000 víctimas de homicidio doloso.
En 2019, la GN ejerció un monto de 915.2 millones de pesos para la prevención, investigación y persecución de delitos; en 2020, aunque se aprobaron 2,319 millones de pesos terminó ejerciendo 18,633 millones.
Erubiel Tirado, experto en seguridad de la Universidad Iberoamericana consideró lógico que se le asignen cada vez más recursos a la GN debido que se trata de una institución de reciente creación y el presidente Andrés Manuel López Obrador busca su consolidación, sin embargo, hizo un llamado para que el gasto sea lo más transparente posible.
“Lo que hubiéramos esperado es que no solamente se trate de dar dinero, que es importante en cualquier función pública, sino cómo lo van a hacer (bajar violencia). Atenuando la manera de cómo se han manejado las cosas en el sector de seguridad y defensa comprendiendo a los militares hay una gran opacidad en esta materia. Los precedentes y el desempeño de la GN así como el de los militares en el país, no abona como para esperar a que vaya a dar resultado”, opinó.
Por su parte, Daira Arana Aguilar, directora General de Global Thought MX consideró que la atención que se le debe dar al problema de seguridad en el país debe ser multifactorial además de señalar que la GN carece de una identidad institucional al ser conformada por elementos de diversas instituciones.
“Es complicado descifrar si esta cantidad es suficiente, pero lo cierto es que es una muestra de que la apuesta está en que la GN resuelva todo (…) Me parece que estamos en buen momento para repensar la estrategia y dejar de ponerle todos los huevos a la canasta de la GN y empezar a diversificar”, indicó la experta en militarización.
Desde su puesta en marcha, la GN se ha posicionado rápidamente como una las instituciones a nivel federal con más quejas por violar derechos humanos.
Según datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de enero a septiembre, la GN se encuentra en el sexto lugar como la institución con mayor número de quejas con 388, cifra superior a las 359 que registró en todo 2020.
Entre los principales motivos de quejas destacan detenciones arbitrarias, emplear indebidamente el uso de la fuerza o faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, entre otras.
Las entidades que concentran el mayor número de quejas son la CDMX (32); Chihuahua (31); Chiapas (27); Edomex (25) y Veracruz (24).
Al respecto ambos especialistas consideraron que es muy preocupante que desde su creación la GN aparezca en este listado de la CNDH y consideran a la militarización como uno de los factores que propicia el incremento.
“Cuando las interacciones de las instituciones de seguridad y los ciudadanos se dan a partir de una dinámica de visualizar todo como amenaza es más probable que se empleen niveles de fuerza mayores que puedan vulnerar los derechos fundamentales”, sostuvo Arana Aguilar.
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