El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar en formato electrónico toda la información sobre particulares, funcionarios o exfuncionarios públicos que han sido ligados al caso Odebrecht.
Además de generar una plataforma que contenga la versión pública de la carpeta de investigación del caso, la cual deberá ser actualizada de manera trimestral.
Por unanimidad, el Pleno del Inai, determinó revocar la respuesta de la FGR a un particular, quien solicitó que fuera proporcionada de manera electrónica los interrogatorios y declaraciones que han sido recabadas de enero de 2017 a septiembre del 2021, y que forman parte de indagatorias contenidas dentro de la investigación sobre los sobornos entregados por la constructora brasileña.
Sin embargo, ante tal solicitud, la Fiscalía General de la República informó que la carpeta investigación se encontraba en trámite, por lo que toda la información contenida en dicha carpeta se encontraba clasificada como reservada y confidencial.
Luego de lo anterior, el solicitante presentó un recurso de revisión en el que argumentó que la información que él había pedido debía ser entregada toda vez que guarda relación con indagatorias contenidas dentro de la carpeta de investigación iniciada por el caso de corrupción Odebrecht y contra el exdirector de Petróleos Mexicanos(Pemex), Emilio Lozoya Austin, y que éste se le ha vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, por lo que desde su punto de vista esta información es de interés público.
Por ello, el pleno del Inai consideró con el objeto de poder garantizar la máxima publicidad y asuntos de trascendencia para toda la sociedad se debía revocar la respuesta de la FGR, a efecto de que proporcione todos los interrogatorios y declaraciones recabadas en estas indagatorias y contenidas en la carpeta de investigación 000117/2017, en caso de que las mismas se contengan datos personales clasificables, como confidenciales, se deberá elaborar versiones públicas de la misma en las cuales no se podrá testar el nombre y manifestaciones de los declarantes e interrogados.
Asimismo, se le instruyó a la Fiscalía General de la República que la información relacionada con la carpeta de investigación, sea considerada como obligación de transparencia, por lo que tendría que subir en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia la versión pública de la carpeta de investigación de esta y estarla actualizando de manera trimestral, tal como lo marcan las obligaciones de transparencia.
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