Oposición presentará controversias constitucionales contra decreto de AMLO

La coalición opositora Va por México (PAN, PRI y PRD) anunció que presentará controversias constitucionales contra el decreto de López Obrador para declarar de “seguridad nacional” sus proyectos y obras

Los líderes parlamentarios integrantes de la coalición opositora Va Por México advirtió que presentarán una controversia constitucional ante la SCJN contra el decreto presidencial que declara las obras y proyectos federales como de seguridad nacional.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero Herrera; PRI, Rubén Moreira Valdez; y PRD, Luis Espinosa Cházaro, en la Cámara de Diputados, rechazaron el decreto publicado el pasado lunes al señalar que es violatorio de la Constitución, al tiempo que se advierte el cierre de información pública sobre la realización de las obras de gobierno.

En conferencia conjunta, Espinosa Cházaro (PRD) consideró que es preocupante y alarmante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre.

“Desde nuestro punto de vista, el decreto de ayer (lunes) lo único que hace es erradicar o dejar de lado a las dependencias, en la parte que tiene que ver con los permisos y las autorizaciones, y enrutarlas en la línea de estar al servicio del titular del Ejecutivo Federal”.

Por su parte, el priista Moreira Valdez dijo que “no hay un clima a nivel nacional que amerite la designación de obras de seguridad nacional, porque no lo son”, por lo que consideró que el Presidente de la República desconoce el alcance de este decreto y cómo está soportado legalmente.

“No hay una necesidad jurídica, y la constitucionalidad es muy dudosa, la forma en la cual se sacó por la tarde, las consecuencias que puede tener para quien se sienta afectado por un derecho”, expresó.

En tanto, Jorge Romero Herrera (PAN) aseveró que la coalición “Va por México” está evaluando la posibilidad de interponer una controversia constitucional, “porque consideramos que ésta es una invasión de esferas”.

“Le decimos no al ‘decretazo’ como coalición opositora; demuestra cada vez más el contenido talante autoritario del Presidente en este país, otra vez por decreto, es decir, de manera unilateral, determinar cosas que son flagrantemente inconstitucionales e ilegales”, aseveró.

Además, acusó que esta acción es algo inaudito, ya que es un atentado absoluto a la garantía de la transparencia, “al derecho que tenemos a acceder a la información, que es pública y, por eso, nosotros como coalición, estamos evaluando junto con nuestros especialistas, no solamente el denunciarlo mediáticamente, vía ustedes, cosa que agradecemos, sino literalmente con los números que tenemos que nos da el artículo 105 constitucional, la posibilidad de interponer una controversia constitucional, porque consideramos que esta es una invasión de esferas”.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que el decreto del Ejecutivo Federal que considera a las obras de infraestructura federales como asuntos de interés público y seguridad nacional, “es una manera de proteger la inversión pública, y la obligación que tiene cualquier gobernante es garantizar y asegurar la protección de los bienes públicos y evitar la tentación de procesos privatizadores, como normalmente sucedió”.

Asimismo, Morena también acusó a la oposición de intentar desvirtuar lo que es una atribución constitucional del presidente de la República, que favorece proyectos de gran utilidad pública.

Al reiterar su apoyo a esta decisión del presidente, Morena aseveró que este decreto es legal y está apegado a las facultades constitucionales del Presidente.

Añadió que la emisión de decretos es una atribución del presidente de la República para la adopción de medidas que permitan el mejor funcionamiento de la administración pública federal. En todas las administraciones anteriores, los titulares del Ejecutivo Federal han ejercido esta facultad.

Además de afirmar que este decreto de ninguna manera atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas y tampoco viola algún derecho de las y los mexicanos.

Afirman que “decreto” de AMLO para blindar obras y proyectos es inconstitucional