Se señalará públicamente a aquellas personas que incurran en las prácticas ilegales “o inmorales” que han permitido negocios privados con los bienes del país, declaró el mandatario a través de una carta dirigida a funcionarios públicos
La tarde de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública una carta dirigida a “todos los servidores públicos del gobierno federal” para lanzar una condena hacia toda persona o, como hizo énfasis, hacia todo servidor público que coadyuve con la sustracción, tráfico ilícito y comercio del patrimonio cultural y artístico que, por ley, es propiedad de la nación.
El mandatario señaló que “es corrupto aquel que daña, descuida, sustrae o vende cualquier bien nacional y permite, como ha sucedido recientemente, por ejemplificar, que casas subastadoras particulares de México y del extranjero rematen nuestro patrimonio” y dijo que una acción en contra de la política de Estado para la conservación del patrimonio mexicano “no solo es un delito sino un acto de deshonestidad”.
Por lo anterior, López Obrador anunció que en breve publicará un decreto donde reiterará los ordenamientos jurídicos que se violan cuando se actúa “de manera deshonesta”, en agravio de los bienes artísticos, arquitectónicos y documentales del país.
“Se castigará con base en la ley a cualquier empleado federal que incumpla con estas normas y que será señalado públicamente por incurrir en estas prácticas ilegales o inmorales que han permitido negocios privados con los bienes de todos los mexicanos”.
Aseguró que “la mayor parte de los objetos o documentos que se trafican fuera del país fueron robados por particulares nacionales y extranjeros, así como por servidores públicos, olvidándose que estos no son suyos sino de toda la nación”.
La misiva presidencial al cuerpo de funcionarios fue compartida a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, quien ha blandido como una de las banderas de su administración la defensa y recuperación de las piezas arqueológicas que históricamente han sido traficadas y puestas a la venta en el extranjero.
La semana pasada, el Senado de la República aprobó la adhesión de nuestro país en el Convenio Unidroit, un acuerdo al que suscriben varios países en el mundo para la recuperación de bienes patrimoniales traficados de manera ilícita, una herramienta que, se espera, resulte de utilidad para facilitar la recuperación de piezas de las que, con constancia, se especula en pujas organizadas por casas como Christie’s, Sotheby’s, Sadde, Cornette de Saint Cyr y Millon, entre otras, mismas que se escudan en las leyes locales para concretar la venta de lotes pertenecientes a distintas culturas que ocuparon el ahora territorio mexicano.
Con información de El Economista
