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Aprueban castigar robo de vacunas hasta con 15 años de cárcel

Con 81 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó castigar el robo de vacunas e insumos médicos con una pena de hasta 15 años de prisión

A la persona que robe vacunas e insumos médicos de instituciones públicas o lo haga a través de alguien más se le aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); si se trata de un servidor público la pena será de cinco a 15 años de prisión y la multa de trescientas a 3 mil veces la UMA.

Esto, de acuerdo con la reforma a la Ley General de Salud para sancionar el robo de vacunas aprobada por el pleno del Senado de la República del Congreso de la Unión por 81 votos, 10 en contra y una abstención.

El decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación o modificación.

Las enmiendas al artículo 462 Bis 1 precisan que a quien “se apodere de forma indebida de una o más vacunas que sean propiedad de las instituciones que constituyan el Sistema Nacional de Salud o aquellas incluidas en el Programa de Vacunación Universal o destinadas a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación”, o “de algún medicamento o de alguna ayuda funcional considerada como tal dentro de los insumos para la salud”, o lo haga a través de otra persona, se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la UMA.

El artículo 462 Bis 2 establece que se aplicará una pena de tres a diez años de prisión y una multa de trescientas a tres mil veces la UMA a quien robe vacunas que tengan como propósito la inmunización en contra de un agente patógeno.

A la misma sanción se hará merecedor quien robe “medicamento o alguna ayuda funcional cuando sea de uso esencial durante la acción extraordinaria en materia de salubridad”.

Y si la persona que cometa tales delitos es servidora pública, “se le aplicará una pena de cinco a quince años de prisión y una multa de trescientos a tres mil veces la UMA”.

El decreto aprobado detalla en la exposición de motivos las razones por la que urge sancionar el robo de vacunas y medicamentos mediante la creación de un marco normativo lo más preciso posible.

Durante la pandemia de COVID-19, refiere, el robo de medicamentos se disparó 82.5 por ciento solo en el 2020, y el valor en el mercado negro puede alcanzar más de mil 500 millones de dólares.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el robo al sector farmacéutico en el país representó el año pasado el 5% del total de dicho delito, abunda el dictamen.

Y que en lo que va de 2021, la Cofepris ha emitido cuatro alertas sanitarias por robo de medicamentos y seis por falsificación, y que en dos semanas se robaron vacunas Antiinfluenza del IMSS y 38 mil cajas de fármacos especializados, incluidos oncológicos, del almacén de Novag Infancia.

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El Economista

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