Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez protestaron en contra de los obstáculos que enfrentan las víctimas de desaparición y tortura, para acceder a verdad y justicia
“México carece de una “política de Estado” para hacer justicia en dos casos de tortura y desaparición forzada de 2006 y 2009 a pesar de la existencia de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, denunció este martes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Al cumplirse tres años de la emisión de dos sentencias de Corte IDH en los casos ‘Alvarado Espinoza y Otros’ y ‘Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco’, ambos contra México, los obstáculos que siguen enfrentando las víctimas para acceder a verdad y justicia revelan la ausencia de un compromiso de Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales”, expresó la organización en un comunicado.
Las dos sentencias fueron notificadas en los primeros días de la actual administración liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.
El caso Alvarado se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando en el estado de Chihuahua tres víctimas fueron privadas de libertad por un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes, a quienes testigos identificaron como militares.
Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.
El caso Atenco se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México. Organismos internacionales documentaron la detención ilegal, abusos sexuales, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos a 11 mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de manifestaciones.
El Centro Prodh dijo que, aunque los procesos de cumplimiento de ambos fallos son independientes, en ambos procesos se da ausencia de “compromiso estatal” ya que las instancias involucradas no están actuando de manera “diligente y sostenida” para obtener justicia, lo que genera que la mayor parte de las medidas ordenadas no se hayan cumplido, mantuvo la organización.
“El incumplimiento de estas obligaciones ha impedido que las víctimas puedan acceder a la justicia y a la verdad aun contando con un fallo internacional”, concretaron.
En el caso de la familia Alvarado, a 12 años de los hechos, el paradero de las víctimas sigue sin ser esclarecido y las autoridades continúan sin investigar las responsabilidades de los agentes implicados.
En el caso Atenco, no se han dado “pasos significativos” para investigar todos los niveles de responsabilidad incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, “mientras que la Fiscalía del Estado de México continúa obstaculizando la investigación”, detallaron.
Así, “un camino que debió ser de justicia y reparación vuelve a victimizar a las personas denunciantes a pesar de que, en el discurso, el Estado se ha comprometido a cumplir con las resoluciones” de tribunales, terminó el Centro Prodh.
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