Las y los consejeros del INE acusaron una "persecución penal" en su contra. Foto: Especial
Luego de la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ante la Fiscalía General de la República (FGR); las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron –este domingo 26 de diciembre– lo que consideraron como “persecución penal”.
“Por ello es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la FGR con consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, indica un posicionamiento firmado por los 11 integrantes del Consejo General del INE.
La semana pasada, el presidente de la cámara baja del Congreso de la Unión interpuso una denuncia por los presuntos delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad contra los seis consejeros electorales, que votaron a favor de posponer la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por “insuficiencia de recursos”.
“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, expresaron las y los consejeros electorales.
Asimismo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello; las consejeras Norma Irene de la Cruz Magaña, Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordan, Dania Paola Ravel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez; y los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, José Martín Fernando Faz Mora, Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Valdez y José Roberto Ruiz Saldaña enfatizaron que “en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.
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