Tras los fallos emitidos por la SCJN y el TEPJF, el Consejo General del INE aprobó hoy -por unanimidad- continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato
Por unanimidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron retomar todas las actividades de la revocación de mandato, realizar las adecuaciones presupuestales necesarias y las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar la ampliación presupuestaria, como lo determinaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En una sesión extraordinaria para acatar las resoluciones del Tribunal y la Suprema Corte, los 11 consejeros del INE coincidieron en que continuarán el análisis de su presupuesto para el 2022, aunque sólo cuentan con mil 503 millones de pesos para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, y advirtieron difícil que puedan reunir los 3 mil 830 millones de pesos que se requieren para realizar este ejercicio.
El representante legislativo por Morena, Mario Rafael Llergo, demandó a los consejeros del INE que se “aprieten el cinturón, estamos en contra de la burocracia dorada”, y les pidió eliminar los seguros de gastos médicos mayores, los seguros de retiro y no “escamotear” los derechos de la ciudadanía.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió que “nadie quiere hacer una revocación de mandato sin apegarse a los mandatos de la ley”. Aseveró que lo ideal sería que el órgano electoral hiciera lo que dice la ley, “pero hay que tomar en cuenta las circunstancias en que pusieron al INE”.
Córdova Vianello advirtió que el Instituto no dejará de expedir credenciales a los ciudadanos, fiscalizar los recursos de los partidos, hacer monitoreo y todas las actividades que le corresponden constitucional y legalmente, y buscará recursos hasta “debajo de las piedras”, aunque dejó en claro que nadie está obligado a lo imposible.
“Pero si hace falta vamos a ir a Hacienda, y no podrá contestar como ya contestó al INE: el gobierno federal tiene otras prioridades, hazle como puedas”, sostuvo.
El representante del PRD ante el INE, acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca una “asfixia presupuestal al INE”, y avizoró que podría tratarse de una estrategia para reducir el presupuesto a las elecciones en 2024.
El consejero electoral Ciro Murayama indicó que el INE acata un mandamiento judicial histórico, tanto de la Suprema Corte como del Tribunal, porque “mandata que el presupuesto se adecue a ese fin máximo que es el ejercicio de los derechos fundamentales y no al revés como algunos han pretendido, es decir, que ante la escasez de recursos se modifique la manera cierta, imparcial, de hacer elecciones para cumplir caprichos de recortes sin ninguna fundamentación y motivación”.
Murayama Rendón alertó que con los mil 503 millones de pesos con los que cuenta el INE, “no hay manera de instalar 161 mil casillas, y eso implica alejar los centros de votación de la ciudadanía en un ejercicio en el que además es clave el porcentaje de votación, porque así lo establece el texto constitucional”. El consejero dijo, sin embargo, no estar de acuerdo en que el INE realice esa acción, ya que eso reduciría la calidad de las elecciones en el país.
El acuerdo aprobado por el Consejo General del INE determinó continuar con el proceso de revocación de mandato 2021-2022, mientras se resuelven de fondo las controversias constitucionales 209/2021, 224/2024 y 226/2021 asentadas en la SCJN.
“En términos de los referidos acuerdos de suspensión dictados por la Comisión de Receso de la SCJN, el citado proceso de revocación de mandato deberá continuar, incluyendo todas sus etapas, realizándose con la disponibilidad financiera actual, por lo que se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen con todas las actividades inherentes, conforme al Plan y Calendario y normatividad vigente”, menciona el acuerdo.
Por ello, instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, y a la Junta General Ejecutiva, se analicen a la brevedad los escenarios y propuestas correspondientes, definan las adecuaciones presupuestales necesarias y, en su caso, se realicen las gestiones procedentes para solicitar la ampliación presupuestaria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de dar estricto cumplimiento a los acuerdos incidentales de la SCJN, así como a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF.
