El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anticipó que no se asignarán más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización del proceso de revocación de mandato presidencial porque el presupuesto está “muy comprometido”.
“No hay posibilidades, no hay margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales o una ampliación presupuestal a un órgano autónomo (…) Además de que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos”.
Anteayer, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad solicitar más de 1,700 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para completar el gasto que requiere la organización del citado proceso, a realizarse en abril.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional encabezada por López Hernández en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en aislamiento porque está infectado de Covid-19, funcionarios de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público presentaron un documento titulado “Ejercicio de Austeridad INE”, por el que el gobierno federal propone a la autoridad electoral ajustar su presupuesto en 2,972 millones de pesos para contar con los recursos necesarios para realizar el proceso revocatorio presidencial.
Dicha disponibilidad total de recursos se obtendría de disminuir 718.8 millones de pesos del gasto correspondiente a sueldos y salarios de altos funcionarios del INE, 1,384.5 millones de pesos en gasto de operación (contando los 830 millones de pesos destinados para consulta popular y revocación de mandato) y de hacer uso de 868.7 millones de pesos de los fideicomisos “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral’’ y “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”.
Luis Carlos Ugalde Ramírez, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, afirmó que “el gobierno no tiene ninguna facultad para opinar sobre la administración interna de los órganos autónomos”.
Opinó que el planteamiento gubernamental “está fuera de lugar, es totalmente incorrecto e inadecuado”.
Los órganos autónomos lo son, justamente, dijo, porque pueden tomar “decisiones presupuestarias, administrativas y operativas, sin necesidad de tener la opinión, el visto bueno o la sugerencia de otro poder público.
Sobre la propuesta de usar los recursos de los dos fideicomisos del INE, explicó que “no hace sentido administrativo. Estos fideicomisos tienen fuentes legales internas que no se pueden usar para otros fines. Seguramente sería ilegal (usarlos)”.
Los fideicomisos del INE, amplió, son para fondear proyectos de mediano plazo o para la liquidación de trabajadores que se retiran de forma voluntaria.
“No se puede tomar dinero para proyectos de infraestructura o para mantener funcionando los módulos del registro de electores o para retiro laboral, para organizar una consulta de revocación”.
Adelantó que ante la escasez de dinero la única herramienta que le quedará al INE para llevar a cabo el proceso revocatorio será instalar menos casillas.
El exconsejero electoral del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, coincidió en que ante la negativa del gobierno de otorgar más recursos las autoridades electorales tendrán que instalar menos casillas que las previstas y seguir buscando generar más economías.
La propuesta de hacer uso de los fideicomisos, estimó, es inviable e ilegal.
“Implica violentar la ley o derechos de los trabajadores y el funcionamiento, sobre todo del Registro Federal de Electores, que es el que se encarga de dar las credenciales del INE para votar con fotografía”. “Lo que está proponiendo el gobierno es dejar a los trabajadores del INE sin su derecho adquirido a lo largo de los años para poder obtener una liquidación conforme lo marca la ley”.
La Secretaría de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público presentaron un programa de austeridad para el órgano electoral en los siguientes rubros:
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