La audiencia del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, prevista para este lunes 31 de enero a las 9:00 horas, se pospuso para el 14 de febrero debido a que el juez de control que celebraría la reunión judicial resultó positivo a Covid-19
La audiencia del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, prevista para este lunes 31 de enero a las 9:00 horas, se pospuso para el 14 de febrero debido a que el juez de control que celebraría la reunión judicial resultó positivo a Covid-19.
En esta audiencia se preveía que Anaya fuera imputado por la Fiscalía General de la República en el proceso penal que se le sigue por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, por supuestamente recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrech.
Anaya reconoció el año pasado que se encontraba fuera del país, por lo que en la última audiencia que tuvo en noviembre del 2021, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le ordenó acudir presencialmente este lunes, o de lo contrario ordenaría a la Fiscalía General de la República buscar los medios que considere procedentes para garantizar su presencia en la sala de audiencias.
Según la FGR, los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho; Marcelo Odebrecht; Luis Alberto de Meneses Weyll y Luis Weyll, declararon ministerialmente en Brasil que a partir del año 2012 cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto en nuestro país, buscaron contratos en operaciones sustantivas de Petróleos Mexicanos y para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, como un primer pago por 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera.
Emilio Lozoya presentó una denuncia en 2020 donde señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800,000 pesos a Ricardo Anaya, a fin de que votara en favor de la reforma energética para abrir el sector privado la industria petrolera. Cabe destacar que Anaya fue electo diputado federal por la vía plurinominal en las elecciones del 2012, cargo que ocupó hasta 2015 cuando se separó para ser dirigente nacional del PAN.
La FGR asegura que, “según consta en diligencias ministeriales”, el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, le entregó a Anaya los 6.8 millones de pesos en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.
