Por decisión de un ministro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que no se ejecute ningún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por sus decisiones sobre la consulta Revocación de Mandato. También ratificó que el órgano electoral debe realizar dicha consulta con el presupuesto que tiene disponible.
Como parte de la controversia constitucional 209/2021, presentada por el INE en contra del Presupuesto de Egresos 2022 debido al recorte de 4,930 millones de pesos, un ministro de la Suprema Corte acordó una modificación a la suspensión que había otorgado el pasado 10 de diciembre.
Lo anterior, para que el Instituto Nacional Electoral “lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado, así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”.
Esta situación, de acuerdo con el INE, se traduce en la posibilidad de que pueda instalar un menor número de casillas que en el proceso electoral previo en la consulta del próximo 10 de abril, sin que ello tenga alguna repercusión para los consejeros.
“La medida suspensión concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente. Dada la naturaleza e importancia de esta medida cautelar, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo”, estableció el acuerdo publicado en listas de la SCJN.
Cabe destacar que, no pocas veces, integrantes del partido Morena, incluidos sus legisladores en las cámaras del Congreso de la Unión, han amagado con promover un juicio político en contra de los consejeros del INE que aprobaron, el pasado 17 de diciembre, posponer temporalmente algunas actividades de la Revocación de Mandato.
Incluso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, integrante de la bancada de Morena, presentó el 24 de diciembre del año pasado una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de los consejeros electorales por desacato a la Constitución. Sin embargo, cinco días después, el diputado desistió de ratificar su denuncia, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la realización de la revocación de mandato no era un tema penal, sino de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En su momento, los consejeros del INE rechazaron unánimemente que se les persiga penalmente por sus decisiones.
“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, plantearon los 11 consejeros el 26 de diciembre del año pasado.
En ese marco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el pasado martes avaló la constitucionalidad de la pregunta que se formulará a los ciudadanos el 10 de abril, durante la consulta de Revocación de Mandato, continuará este jueves el análisis de ese asunto.
Con información de El Economista
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