La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación de oficio por los violentos disturbios acontecidos en la cancha, las tribunas y los alrededores del Estadio Corregidora
Ante “los graves hechos de violencia” registrados -el pasado sábado 5 de marzo- en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la apertura de una investigación de oficio para identificar la responsabilidad de las autoridades involucradas.
“La CNDH condena enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos el día 5 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro, derivado del enfrentamiento entre supuestas barras de aficionados de dos equipos de futbol, cuyo saldo de personas agraviadas es aún indeterminado”, señaló.
El organismo constitucional autónomo destacó que “la brutalidad” de los disturbios puso en “máximo riesgo” a centenares de menores de edad, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores y familias enteras que presenciaban el juego entre los Gallos Blancos y los Rojinegros del Atlas.
“No puede pasarse por alto que la principal responsabilidad recae en las autoridades, obligadas a garantizar la seguridad de las personas en los eventos masivos tanto dentro como fuera de las instalaciones donde se lleven a cabo, lo que implica a intervenir para contener y detener las agresiones, preservando los derechos humanos de los involucrados y protegiendo a todas las personas”., agregó la CNDH.
Iniciamos queja de oficio ante los graves hechos de violencia ocurridos en el estadio #Corregidora de #Querétaro.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/Qxw2DbAALA
— CNDH en México (@CNDH) March 6, 2022
De acuerdo con el reporte oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, un total de 26 personas resultaron lesionadas a raíz de los sucesos de violencia extrema registrados en el Estadio Corregidora, el cual fue suspendido por la Liga BBVA MX y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).
“Aunque la Femexfut y los equipos deportivos, así como los estadios e instalaciones que se utilizan, son empresas privadas, no debe perderse de vista que el Estado tiene, entre otras, obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que esta cause alguna afectación a las personas”, añadió la CNDH.
