Aprueban que servidores públicos promuevan la revocación de mandato

Morena y sus aliados avalaron que los funcionarios puedan promocionar la revocación de mandato. Foto: Especial

La mayoría de Morena, PT y Partido Verde aprobó -en la Cámara de Diputados- una iniciativa para que cualquier servidor público pueda promover la consulta de revocación de mandato del presidente de México

A solo ocho horas de haberse presentando, la mayoría legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados aprobó en fast track una iniciativa que busca permitir a cualquier funcionario público promover, sin sanción alguna, la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, y la cual fue promovida por el propio presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), se avaló en lo general y en lo particular por 267 votos a favor, 210 votos en contra y cero abstenciones y se remitió a la Cámara de Senadores para su análisis

El proyecto, que fue integrado a la sesión ordinaria de ayer en la Cámara de Diputados como de urgente resolución, señala que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.

Por lo que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público (…) que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas”.

El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) enfatizó que la modificación de una ley “no puede hacerse a través de decretos de interpretación”.

En el mismo sentido se pronunció por el PRI la diputada Marcela Guerra Castillo quien subrayó que las modificaciones planteadas pretenden abrir la posibilidad de realizar proselitismo y campañas a favor del gobierno actual durante la veda electoral vigente.

Mientras que la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) dijo que se ocupan 90 días previos para modificar cualquier ley electoral para que ésta pueda ser utilizada durante el proceso; “no es necesario que tergiversen las leyes”.

En ese tenor, en caso de avalarse la reforma también en el Senado, no aplicaría para el presente proceso de revocación, el cual se realizará el 10 de abril.