A las 11:24 horas de este jueves comenzó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el estudio de fondo entre los ministros para determinar si son constitucionales o no las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de la energía.
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz plantea declarar la validez del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de marzo de 2021.
Sin embargo, en la sesión del pasado martes, ese proyecto sufrió un rechazo por voto mayoritario respecto al apartado de consideraciones, mismo que fue votado por cinco votos en favor y seis en contra.
El ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que la sesión de este jueves no se levantará hasta que el asunto quede totalmente resuelto.
Los senadores de oposición que promovieron una acción de inconstitucional argumentaron que las reformas a los artículos 4, fracción VI, 26, 53, 101 y 108, fracción VI, reformados de la Ley de la Industria Eléctrica, son violatorios de T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)y del TIPAT (Tratado entre México, Japón, Canadá, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam y Perú), así como del artículo 133 constitucional.
Sin embargo, el proyecto de la ministra Ortiz considera que “la nueva figura no contraviene el TIPAT ni el T-MEC, pues en los capítulos denominados Inversión de cada tratado, es posible destacar que actualmente se implementa a nivel internacional el esquema de entrega física de energía”.
Sobre la posibilidad de que las reformas a la LIE permitan una práctica monopólica por parte de CFE, que atenta contra la libre competencia y concurrencia al otorgar ventajas indebidas prohibidas por el artículo 28 constitucional, como aseguraron los senadores de oposición, la ministra Ortiz propone que “no se otorga una ventaja exclusiva en la ley ni una ventaja de hecho (…) toda vez que, el compromiso de entrega física de energía no es algo que pueda cumplir exclusivamente la Comisión Federal de Electricidad, cualquier empresa puede asumir dicho compromiso”.
El pasado miércoles, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la sede de la Suprema Corte, aunque no informó sobre el motivo de su visita, ni con quién o quiénes se reunió. La visita se dio dos horas después de que el presidente López Obrador acusó que el gobierno de Estados Unidos estaba cabildeando para que la Corte declare inválidas las reformas a la LIE.
Esta discusión en la Corte también tiene como marco las aseveraciones que lanzó el miércoles el presidente López Obrador, quien consideró que los ministros demostrarán si son abogados que “defienden el interés público o los intereses patronales”.
“Es lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, la mayoría, son como abogados patronales, para decirlo con claridad; no representan al pueblo, representan a las empresas, así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal, esa es su concepción, su mentalidad”, declaró.
“Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe darse trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad, que el trato que reciben las empresas particulares, porque la reforma que hicieron, que llevaron a cabo, actuaron de manera corrupta en todo sentido, porque esa reforma constitucional, ese ordenamiento que es vigente, consideró entre otras cosas que las hidroeléctricas no producen, no generan energía limpia y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho y todas las hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas porque no les permiten subir la energía que producen”, sostuvo.
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz plantea declarar la validez del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de marzo de 2021.
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