El Comité contra las Desapariciones Forzadas alertó que más de 95 mil personas han sido víctimas de este delito en México en medio de una impunidad “casi absoluta”
En México, el crimen organizado es el principal perpetrador de desapariciones forzadas de personas; asimismo, funcionarios federales, estatales y municipales están también implicados en dichos delitos.
Lo anterior fue la conclusión del informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual realizó una visita al país latinoamericano entre el 15 y 26 de noviembre del año pasado.
“El Comité urge al Estado a la adopción e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones que aborde el conjunto de observaciones y recomendaciones presentadas en su informe del Comité”, enfatizó la presidenta de este organismo, Carmen Rosa Villa Quintana.
Al afirmar que el fenómeno de las desapariciones forzadas de personas es “una situación o cuestión generalizada”, detallo que el número de víctimas de este delito supera las 95 mil 121 en todo el territorio nacional.
“Entre 2006 y 2021 se produce un incremento exponencial de las desapariciones en el país. Esto es un 98 por ciento del total de desapariciones que ocurrieron durante dicho periodo”, señaló.
#COMUNICADO 📢📰 México: La prevención debe ser central en la política nacional para detener las #DesaparicionesForzadas, señala Comité de la ONU
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— ONU-DH México (@ONUDHmexico) April 12, 2022
Puntualizó que la mayoría de las personas desaparecidas son hombres de 15 a 40 años, aunque hay una tendencia creciente de desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años.
“Se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocular la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”, enfatizó.
Además, indicó que más de 30 periodistas y defensores de derechos han sido víctimas de este ilícito entre 2003 y 2021; al respecto, advirtió que “ninguna de estas personas ha sido localizada y las investigaciones y las sanciones a los responsables no han tenido avances”.
Villa Quintana manifestó la preocupación de la ONU sobre el fenómeno de revictimización que sufren las mujeres, quienes se quedan a cargo de las familias y efectúan la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.
“Además de los efectos sociales y económicos, son también de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias”, agregó.
Impunidad “casi absoluta”
El Comité contra las Desapariciones Forzadas alertó que esta problemática ha aumentado en México durante los últimos años, debido a que existe una impunidad “casi absoluta”.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, puntualizó.
Una evidencia de esta impunidad es que solamente han sido judicializados entre dos y seis por ciento de los casos y únicamente han sido emitidas 36 sentencias por este tipo de delitos.
Crisis forense en México
El informe de la ONU hizo énfasis en la crisis forense que padece la nación latinoamericana, donde más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran sepultadas en fosas comunes o permanecen en morgues, universidades y otros centros forenses.
“Los servicios forenses son insuficientes y varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas”, añadió Carmen Rosa Villa Quintana.
En este sentido, alertó que -pese a los recientes avances institucionales y legales- el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas no se ha implementado para efectuar búsquedas e investigaciones.
