La Primera Sala de la SCJN invalidó el presupuesto de este año para el INE y ordenó a la Cámara de Diputados que en un plazo de 30 días emita uno nuevo
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el presupuesto de este año para el Instituto Nacional Electoral (INE), y ordenó a la Cámara de Diputados que en un plazo de 30 días emita uno nuevo.
Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, los ministros de la Primera Sala aprobaron por unanimidad invalidar el decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022 publicado el 29 de noviembre de 2021, específicamente el artículo 13, fracción II, del Ramo 22.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, presidenta de la Primera Sala, propuso que el tema fuera turnado al tribunal pleno de la Suprema Corte, pero el resto de los ministros consideró que la Primera Sala tenía competencia para resolver el asunto.
“La Cámara de Diputados deberá analizar y determinar en sesión pública, lo que corresponda al anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, dentro del lapso de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación”, ordenó la Primera Sala, sin especificar si los diputados federales deberán restituir al INE los recursos inicialmente solicitados.
Votaron por esta determinación los ministros Norma Lucía Piña, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos.
La mayoría de consejeros del INE esperaba este fallo de la Corte, para que en los posteriores ejercicios presupuestarios, y de cara a la elección federal 2023-2024 que incluye la renovación de la Presidencia de la República, haya claridad sobre los recursos que deben ser proporcionados al órgano electoral para cumplir con su responsabilidad constitucional de organizar los comicios.
“Ha valido la pena defender la autonomía y atribuciones del INE, así como acudir ante la SCJN reivindicando la vigencia del Estado de derecho”, planteó el consejero Ciro Murayama.
El 7 de diciembre del 2021, el Instituto Nacional Electoral presentó en la SCJN una controversia constitucional en contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación. En dicho decreto, la Cámara de Diputados resolvió, entre otros aspectos, aplicar un recorte por 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.
El órgano electoral consideró que dicho recorte careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, además de que le impedía el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, particularmente para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, para el cual requería 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo.
“Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, dijo en su momento el órgano electoral.
El Instituto, en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de la revocación de mandato como de una nueva Consulta Popular.
