A tres años de la reforma “paridad en todo”, las mujeres siguen subrrepresentadas en el Ejecutivo a nivel federal y estatal, señala un reporte del Senado. Pero entre ellas, a las mujeres afromexicanas les han negado más espacios: “Es casi impensable que lleguemos al menos a ocupar una jefatura”, dice Rosa María Castro, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca (AMCO).
En el Ejecutivo federal, ocho de 20 dependencias son encabezadas por mujeres, por lo que representan el 40 por ciento. Pero a nivel estatal, de más de 524 secretarías y dependencias, sólo 46 tienen a una mujer como titular, lo que representa el 8.8%, se indica en el reporte La paridad de género en las secretarías y dependencias del Ejecutivo a nivel federal y local realizada por Instituto Belisario Dominguez de la Cámara Alta.
La investigación encabezada por César Alejandro Giles Navarro destaca además que las mujeres son excluidas de los organismos con mayor injerencia política y con más presupuesto. Por ejemplo, sólo hay siete secretarias de gobierno a nivel local.
“Además del incumplimiento de la paridad, persisten las prácticas de simulación”, se advierte en el documento. Por ejemplo, las colocan en las dependencias con menor presupuesto o ligadas a los trabajos de cuidado, como la salud y la educación.
Al respecto, Rosa María Castro detalla que “en el imaginario político y de la administración pública, las mujeres, y principalmente las mujeres afromexicanas, no figuramos. El patriarcado, el machismo y el racismo estructural nos siguen excluyendo”.
Desafortunadamente, la Constitución u otra ley no prevé un mecanismo para garantizar la paridad ni sanciones para su incumplimiento, advierte la nota del Senado.
En 2019, el Congreso reformó nueve artículos de la Constitución para establecer la obligación de aplicar la paridad de género en la integración de los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno.
Los cambios fueron aprobados en la LXIV Legislatura, nombrada la “legislatura de la paridad”, pues fue la primera vez que en la Cámara de Diputados las mujeres obtuvieron casi la mitad de los escaños y en el Senado, la mayoría.
La reforma fue promulgada el 6 de junio de 2019 e introdujo a la paridad en los gabinetes como un hecho progresivo, por lo que ésta se debe ir materializando en función del cambio de las distintas autoridades. Sin embargo, de los 15 entidades que renovaron su gobierno en 2021, sólo tres cumplen con una administración central paritaria.
En el siglo XIX y XX las mujeres en México lucharon por el derecho a votar y ser elegidas para un cargo público. Una vez que lo consiguieron, no significó que pudieran ejercerlo de manera fácil.
Para garantizar su acceso efectivo, el Congreso estableció cuotas de género obligatorias para los partidos políticos. Para esta reforma, el Legislativo ordenó la paridad para todos los cargos de elección popular.
Pero “en lo que respecta a las mujeres afromexicanas o indígenas de la costa, todavía sigue acotada esa posibilidad. Si no pertenecemos a las cúpulas de un partido, en el caso de quienes estamos ubicadas en municipios regidos por ese sistema, simplemente es imposible obtener una candidatura”, explica Rosa María Castro.
La activista por los derechos de las mujeres y de la población afromexicana buscó ser candidata para una diputación local. Al final no fue elegida, a pesar de que existe el principio de paridad y la cuota de representación para pueblos indígenas y afromexicanos.
De las 32 entidades del país, sólo seis cumplen la paridad en sus gabinetes, en cinco de ellas incluso hay más mujeres que hombres al frente. Colima está a la cabeza, pues el 63% de su administración pública central es dirigida por mujeres.
El segundo de esos estados es Puebla, con 58 por ciento. En Chiapas y en Oaxaca el 56% de las secretarías e instituciones estatales son lideradas por mujeres. Por último, Nuevo León y Guerrero, con 52% y 50%, respectivamente.
Sin embargo, Rosa María Castro insiste: “Cada vez hay más mujeres ocupando espacios importantes, pero muy pocas son mujeres indigenas y, mucho menos, mujeres afromexicanas”. En México viven más de 1.2 millones de mujeres afrodescendientes en las 32 entidades, según el Censo Poblacional de 2020, “no hay excusa”, dice la activista.
En la Ciudad de México, aunque está cerca de la paridad, hay menos mujeres en las secretarías y organismos centrales, ellas ocupan 47.4% de los cargos. Las cinco entidades con menor avance son Aguascalientes (12.9%), Durango (14.3%), Guanajuato (15.4%), Hidalgo (15%) y Tamaulipas (16.7%).
Pero el número de mujeres que ocupan altos cargos no sólo es lo relevante, sino qué tipo de responsabilidades les son conferidas. La mayor parte de los gobiernos estatales les encomienda las secretarías de Función Pública o la Contraloría. Eso ocurre en 18 estados.
En segundo lugar, la cartera de turismo, hay 15 titulares. Y en tercer sitio los asuntos culturales, en 14 entidades los dirigen mujeres. La programación del gobierno estatal, el desarrollo energético y la consejería jurídica son los tres cargos menos confiados a las funcionarias.
En tanto, a nivel de los congresos estatales, en 2022 por primera ver hay más mujeres que hombres, revela una investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). De 1,063 congresistas electos, 566 fueron mujeres, 496 hombres y un congresista no-binario. De las 566 mujeres, 323 (57%) fueron electas por el principio de mayoría relativa (MR) y 255 (43%) por representación proporcional (RP).
“Los asientos plurinominales ayudaron a balancear la paridad en los congresos. En nueve estados que no se logró paridad por el principio de mayoría relativa, es decir, que no entró el mismo número de hombres y mujeres por competencia directa en distritos electorales, las mujeres lograron equilibrar la paridad en sus congresos al entrar en mayor proporción por el principio de representación popular. Esto resalta el valor de las diputaciones plurinominales como mecanismo para permitir el acceso a las mujeres en los congresos locales, además de permitir una representación más equilibrada y plural”, destacó el organismo en un comunicado.
Una vez que el Congreso aprobó la reforma de paridad, “se requiere el compromiso absoluto de inclusión de los partidos políticos y de los gobiernos estatales y municipales”, de la vigilancia de la sociedad y de mecanismos que les obliguen a cumplir la paridad, opina Rosa María Castro. De otra manera, no importa qué tantas reformas se hagan, concluye.
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