Las ONGs, Human Rights Watch y Amicus DH, denunciaron que en el estado de Guanajuato, las personas trans sufren discriminación en los ámbitos laboral y educativo, ya que legalmente no se les reconoce su identidad de género
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), Human Rights Watch (HRW) y Amicus DH, denunciaron que en el estado de Guanajuato, las personas trans sufren discriminación en los ámbitos laboral y educativo, debido a impedimentos legales sobre el reconocimiento de la identidad de género.
Human Rights Watch y Amicus DH, en conjunto con la Red de Juventudes Trans y Colmena 41, entrevistaron a 31 personas trans del estado de Guanajuato, con el objetivo de “comprender y documentar” las consecuencias de la falta de reconocimiento legal del género en el estado y descubrieron violaciones de derechos humanos en varios sectores.
De los entrevistados, 19 manifestaron que, al no coincidir sus documentos con su identidad de género, fueron víctimas de acoso laboral en procesos de contratación. Seis dijeron haber elegido trabajar de forma “no formal o independiente” para evitar enfrentarse a este tipo de dificultades.
Por su parte, una docena reportó haber experimentado situaciones de humillación en el ámbito educativo debido a la no correspondencia entre sus documentos y su identidad de género, y otra docena informó de problemas para obtener sus títulos académicos con su género correcto.
Del total, casi la mitad, 15, comentaron que tuvieron dificultades en la salud: 11 se decantaron por atención privada -de costo elevado- para evitar posibles humillaciones.
“Las tramitaciones cotidianas, como operaciones bancarias de rutina, también resultaron problemáticas para al menos seis personas trans, dada la dificultad de demostrar su identidad con documentos inexactos”, indicó HRW.
“Guanajuato debería cumplir con lo establecido por el derecho mexicano e internacional y crear un procedimiento administrativo que permita que las personas trans puedan reflejar con exactitud en los documentos oficiales su identidad de género autopercibida”, establecieron ambos organismos en el documento.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados tienen autoridad para determinar sus leyes en cuestiones civiles y de registro.
