Antes de que finalice el mes de junio, el presidente López Obrador presentará una denuncia contra la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, por daño ambiental en Playa del Carmen
El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que antes de que finalice el mes de junio presentará, ante organismos internacionales, una denuncia contra la empresa Vulcan Materials Company por daño ambiental en Playa del Carmen, en el caribeño estado de Quintana Roo.
“Ya se está trabajando, es una denuncia que vamos a presentar en su momento en organismos internacionales, se está trabajando, creo que antes que concluya el mes se va a hacer la presentación de la denuncia, ya tenemos todo”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
El mandatario comentó que ya se determinó el daño ecológico que ha generado la empresa estadounidense, así como el monto de impacto económico, sin embargo, no dio más detalles.
López Obrador reiteró que tiene buena relación con el sector empresarial, tanto de México como del extranjero, no obstante aceptó que las únicas diferencias que tiene son con Vulcan Materials Company.
“Hay muy buena relación con todo el sector empresarial, tanto del extranjero como de México. (Hay) algunas diferencias, pero con muy pocos empresarios tenemos ahora una diferencia con los de Vulcan por lo de Quintan Roo”, señaló.
Hace un par de semanas el mandatario ya había externado que llevaría a cabo la denuncia, la cual se extendería a la Organización de las Naciones Unidas y las bolsas de valores donde cotiza la empresa, en caso de no llegar a algún acuerdo.
El presidente ha acusado a la minera de ocasionar un “desastre ecológico en Quintana Roo y estar detrás de protestas en contra del Tren Maya”.
En mayo pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuró la extracción de piedra caliza que la minera hacía en Playa del Carmen tras advertir “la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”.
Tras la clausura, Vulcan Materials acusó al Gobierno de México de cometer un acto “ilegal” y “arbitrario” al argumentar que la empresa posee el terreno en el que opera desde hace más de 30 años.
