El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, será juzgado en Estados Unidos. Foto: Especial
La fiscalía estadounidense reiteró que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hostigó y sobornó a periodistas mexicanos para evitar que se publicaran reportajes que revelaran sus nexos con el crimen organizado, aunado a que desde la prisión, en Estados Unidos, ha amenazado a posibles testigos en su caso.
De acuerdo con un memorándum enviado a la Corte del Distrito Este de Nueva York —en donde se desarrolla el caso— la fiscalía estadounidense pide que sean admitidas pruebas en el juicio sobre “ciertos delitos y actos no detallados en el acusación sustitutiva”.
La fiscalía refirió que busca que se analice al menos una grabación en la que García Luna habló con otra persona, mientras estaba ya recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, de amenazar y manipular a testigos que declararían en su contra.
Sobre la grabación, en el documento se mencionó que si bien puede haber partes en las que no sea entendible “hay pasajes largos en los que el audio es claro: más notablemente, un momento en que el acusado menciona al ‘Individuo 1’ un interés en matar no solo a los testigos cooperantes sino también a sus familias”.
Se añadió que la defensa de García Luna ha buscado desestimar el audio por lo poco claro del mismo.
Sin embargo, se refirió que la defensa del exfuncionario federal podrá proporcionar al jurado su propia transcripción de la grabación.
“La opinión del gobierno es que las grabaciones son altamente probatorias (…) En consecuencia, el Tribunal debe permitir que se presenten pruebas sobre la amenaza con violencia y manipulación a los testigos de cargo como prueba directa”, sostuvo.
En el documento, de nueve cuartillas, se indicó también que entre el 2009 y 2010, García Luna usó dinero obtenido de sus relaciones con el narcotráfico —específicamente el Cártel de Sinaloa—, para pagar sobornos a periodistas de un medio de comunicación para evitar que se publicaran historias negativas de su relación con el crimen organizado.
“El gobierno prevé presentar evidencia de que los esfuerzos del acusado para sobornar a un editor en un organización de noticias tuvieron éxito y que el acusado pudo anular una historia sobre su actividades corruptas”, precisó.
Los fiscales enfatizaron que es necesario tomar en cuenta la evidencia sobre los sobornos a los periodistas ya que, en caso de haber salido a la luz la historia de su vínculo con el crimen, se pudo afectar su posición dentro del gobierno federal mexicano de la que se aprovechó para beneficiar al Cártel de Sinaloa.
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