Amnistía Internacional indicó que a casi 8 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, “las autoridades mexicanas han mostrado avances” en las investigaciones bajo la cual se construyó una verdad histórica, que fue -dijo- “una investigación plagada de irregularidades”
La organización Amnistía Internacional afirmó que el reciente informe que presentó la Comisión presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, más las órdenes de aprehensión promovidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y mandos militares, policías municipales y estatales, son apenas avances en la búsqueda de la verdad y la justicia en este crimen.
Indicó que a casi ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “las autoridades mexicanas han mostrado avances” en las investigaciones bajo la cual se construyó una verdad histórica, que fue -dijo- “una investigación plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes, con la determinación absoluta de ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias”.
“Tras casi ocho años de lucha por la verdad y la justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los avances mostrados confirman, una vez más, que hubo una política intencional de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. El devastador informe de la Comisión para la Verdad, que concluye que la persecución y desaparición forzada de los jóvenes fue un crimen de Estado, debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos, la localización de los jóvenes estudiantes y la garantía de no repetición con políticas integrales encaminadas a atender la profunda crisis de personas desaparecidas en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Resaltó que el gobierno federal creó una comisión especial para dar seguimiento al caso, además de una unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República, y permitió la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos de desaparición en México.
“Los recientes avances son el resultado de la lucha incansable de las madres, padres y familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y el destacado y arduo trabajo de las organizaciones de derechos humanos que los han acompañado. El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por esclarecer los hechos sobre la desaparición forzada de los estudiantes, así como fortalecer a las instancias del Estado dedicadas a la investigación de este atroz crimen, lo cual contribuye positivamente al saldo de la deuda después de casi ocho años. Es momento también de adoptar políticas integrales para atender la grave crisis de personas desaparecidas, que ya rebasa las 100,000 personas, en un país atravesado por la injusticia y la impunidad,” dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Amnistía Internacional afirmó que por años ha denunciado la obstaculización de los esfuerzos de justicia en el caso de la desaparición forzada de los normalistas.
“En varios informes, Amnistía Internacional confirmó la deficiencia de las investigaciones, que no apuntaban al esclarecimiento mínimo de la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas, pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental. Asimismo, las constantes denuncias de tortura y malos tratos de las personas detenidas con relación a las desapariciones, violaciones al debido proceso, manipulación de evidencias y protección de oficiales sospechosos de participación fueron otras violaciones de derechos humanos documentadas durante los primeros años de las investigaciones”, dijo.
