Alejandro Encinas, subsecretario de la Segob, afirmó que la llamada “verdad histórica” de Ayotzinapa, se gestó desde la Presidencia de Enrique Peña Nieto
En una nueva revisión sobre el informe sobre los avances del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la “verdad histórica” se diseñó desde la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto.
Desde Palacio Nacional, Encinas explicó que diversos funcionarios, de todos los órdenes de gobierno, participaron en reuniones encabezadas por el Ejecutivo federal para operar la versión oficial sobre la desaparición forzada de los estudiantes.
“Cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, expuso en conferencia de prensa.
“Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.
La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam y quien es señalado de la difusión de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa con base en torturas y alteración de pruebas.
Hace unos días, un juez vinculo a proceso a Murillo Karam, por los delitos de acciones en contra de la administración de justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos.
La verdad histórica
En enero de 2015, el exprocurador determinó la verdad histórica para explicar la desaparición de 43 estudiantes, la cual estaba basada en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
Murillo Karam apuntó que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sindonio Casarrubias.
Una vez que fueron sometidos, explicó Jesús Karam, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula para posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan, lugar donde posteriormente se extrajeron varias bolsas de basura con los supuestos restos de los jóvenes, ya sin poder identificar debido a que fueron quemados.
