Los padres de familia de los 43 desaparecidos encabezaron un mitin al exterior de las instalaciones militares, acompañados por activistas aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (Fecsm), quienes denunciaron que los soldados son responsables de la desaparición
Este martes, estudiantes vandalizaron el exterior de la zona militar 35 en Chilpancingo, Guerrero, en el segundo día de protestas por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Los padres de familia de los 43 desaparecidos encabezaron un mitin al exterior de las instalaciones militares, acompañados por activistas aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (Fecsm), quienes denunciaron que los soldados son responsables de la desaparición.
Mientras decían sus discursos los jóvenes, algunos de ellos encapuchados, retiraron la barricada y los ponchallantas que hay en los accesos principales y efectuaron pintas.
“Fue el Estado”, “Gobierno asesino”, “Nos faltan 43” y “26 y 27 de septiembre no se olvida”, son algunas de las frases que quedaron en las bardas.
Al finalizar el mitin los padres se retiraron hacia los autobuses de empresas privadas que transportan a los manifestantes, y luego de ello los jóvenes comenzaron a lanzar petardos contra la fachada y al interior del cuartel.
Los manifestantes lanzaron un camión de una empresa de refrescos contra la puerta de acceso principal, que lograron abrir con el impacto.
También lanzaron en repetidas ocasiones petardos al interior del vehículo para intentar incendiarlo, aunque sin éxito.
No hubo respuesta del cuerpo castrense hacia los manifestantes, quienes posteriormente se retiraron en los mismos autobuses en los que llegaron.
Las protestas continuarán a lo largo de dos semanas para concluir el 27 de septiembre con un mitin en la ciudad de Iguala, en las estelas colocadas donde fueron localizados asesinados tres normalistas.
La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió resolver el crimen y que no habrá impunidad, pero los familiares aún exigen presentarlos con vida y activistas acusan a las autoridades de encubrir la participación del Ejército.
El Gobierno de López Obrador rechazó la “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
